Determinadas zonas de la ciudad se han convertido en los últimos años en el hábitat idóneo para los llamados ‘asustaviejas’, personas capaces de hacer lo impensable para expulsar a inquilinos de algunas viviendas. El último caso aparecido en Jerez es el de Rosario, una anciana de 79 años, que vive desde 2001 en el número 22 de la calle Justicia.

Su situación es extrema, tanto que si no lo remedia el recurso presentado el pasado martes ante el juzgado, el próximo lunes 14 de octubre tendrá que desocupar un pequeño apartamento en el que ha sido su barrio de toda la vida.

Rosario recibió el pasado lunes una llamada de su abogado de oficio para anunciarle, “más de un mes de después de que saliera la sentencia”, explica su hijo José, que el lunes debía abandonar la que ha sido su casa desde hace 19 años. Al parecer, según comenta su primogénito, el juicio para se celebró en mayo, y tras recurrir al Provincial, estaban a la espera de recibir la sentencia, “que por lo visto se la enviaron al abogado de oficio el día 2 de septiembre, pero nos ha dicho que no había visto el correo y nos no llamó hasta el lunes, para decirnos que íbamos a ser desalojados”.

Rosario y su hijo José, mostrando los documentos de la vivienda.

“Imagínate la indignación, comenta Manuel, su otro hijo, y la sorpresa, porque no es normal que un mes después te avisen”, por lo que tal y como han reconocido “hemos puesto la pertinente queja al Colegio de Abogados y gracias a un primo mío intentamos frenarlo, pidiendo un mes más, porque ha sido un fallo del abogado”.

A la espera de conocer si procede o no el recurso presentado, “que al menos nos daría un mes más e incluso con la nueva ley, podrían ser hasta dos”, la familia está viviendo una situación “que no la deseamos a nadie”, sobre todo porque pese a haberse dirigido a todo tipo de colectivos sociales y a la propia administración (en concreto al Ayuntamiento), “todos se lavan las manos y no sabemos dónde vamos a ir”.

Una historia larga

Pero detrás de este desahucio hay una historia con demasiadas incongruencias. Todo comienza en 2001 cuando, utilizando uno de los métodos más habituales de los llamados ‘asustaviejas’, la declaración de una vivienda en estado ruinoso, obliga a Rosario, su marido y a su hijo José a marcharse de la casa donde habían vivido toda la vida en la calle Liebre.

“Lo hablamos con el Ayuntamiento y con María Bejarano, que entonces estaba al frente de la asociación de vecinos de San Mateo, y nos buscaron esta vivienda. En concreto fue RaúlRamírez, que era concejal”, recuerda José Torralbo, su hijo.

Su casa actual, una casa de vecinos de la calle Justicia, albergaba siete apartamentos, cuya remodelación la realizó el Ayuntamiento con el “tercer plan Andalucía vivienda”.El 1 de abril de 2001, el matrimonio Torralbo y su hijo José desembarcan en esta casa, junto a otro grupo de vecinos del barrio, con un contrato de arrendamiento “que era por un año más otros cinco prorrogables, y por el que pagábamos 120 euros más la subida del IPC”.

Todo transcurre con normalidad hasta que en 2006 aparece en escena “una señora que dice ser la propietaria, pero que nada tenía que ver con la que nosotros firmamos el contrato, y a la que, no obstante, pagamos religiosamente, porque nosotros no hemos dejado de pagar nunca, incluso este mes de octubre ya lo hemos pagado”.

Tras una serie de situaciones extrañas, “como empezar a cobrarnos la comunidad desde 2011 cuando aquí no había constituida comunidad alguna”, la misma señora “nos plantea en mayo de 2017 que nos va a aumentar la cuota”.

Rosario y su hijo, saliendo de su vivienda.

La situación se agrava meses más tarde, pues en noviembre, los cuatro vecinos que quedaban, “porque el resto había ido falleciendo o se habían marchado”, reciben un burofax en el que se les invita a abandonar el inmueble por la construcción de apartamentos turísticos.

Poco a poco, los vecinos que quedaban, “la mayoría gente mayor y analfabeta”, empiezan a marcharse, “principalmente por miedo a posibles represalias administrativas, algo que no tenía razón de ser”.

A esta artimaña, propia también de los asustaviejas, se une descalificaciones “en establecimientos del barrio y todo tipo de comentarios intentando desprestigiarnos, porque se ponían a decir que no pagábamos y cosas así, algo que la gente de San Mateo sabía perfectamente que no. También nos arrancaron una vez el telefonillo”.

Con seis de las siete casas del inmueble desalojadas, los presuntos propietarios del mismo han puesto en funcionamiento alojamientos turísticos (bajo el nombre de Casa Justicia), que pueden encontrarse en portales como ‘Airbnb’ o ‘breadandbreakfast.eu’ o ‘booking.com’ a un precio que ronda los 60 euros por noche.

En mayo de este año se celebró el juicio, y tras sentencia firme, el futuro de Rosario y su hijo es una incógnita, “no tenemos donde ir, porque esto ha sido una persecución constante”.