Hasta diecisiete policías locales acudieron ayer al juzgado como testigos en una vista por injurias graves con publicidad, por la que se sentaba en el banquillo A.L.S.. En esta ocasión se había personado como acusación particular la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo (en su defecto el Ayuntamiento) porque era precisamente contra ella la que iban dirigidas esas supuestas injurias. Hay que destacar que el hecho de que se persone el Ayuntamiento como acusación particular en un pleito penal es algo muy excepcional.

Muchos recordarán unos carteles en los que en distintas fechas, noviembre de 2004 y septiembre de 2005, por ejemplo, se podía leer 'Corrupción en la GMU' y una clara alusión a los gerentes que trabajaron por allí, Luis Cruz de Sola y Luis Fernández Ríos, así como al entonces concejal Pedro Pacheco. Una corrupción que el encausado creía totalmente fundada y en la que hasta ayer estaba firmemente convencido, como dejó claro en la sala de vistas del Juzgado de lo Penal 3.

El acusado admitió haber salido con pancartas a la calle para denunciar lo que estaba ocurriendo con unos terrenos en Barbadillo 3, donde se había levantado una urbanización cometiendo presuntas irregularidades y, por lo tanto, contraviniendo el plan general de urbanismo en el que se busca y pretende el interés general del pueblo. "Se habían hecho más casas de las permitidas en equipamiento público, habían desaparecido viales y una rotonda", explicó. Lo que pretendía, según dejó claro ante el tribunal, era "hacer una denuncia pública" para que esto lo conociera la sociedad, "pero nunca hacer daño a nadie, ni ofender, sólo que se enterara la opinión pública. No digo yo lo de la corrupción, lo dicen los documentos".

Esos documentos a los que se remitía eran un informe de un arquitecto en que se concluía que se había especulado con esos terrenos y además a una resolución de la consejería de Obras Públicas en la que se inhibía por no tener competencias, pero en la que se hablaba de haber infringido el orden urbanístico, según salió a relucir en el juicio. Con todos esos datos comenzó una particular cruzada que dijo que iba a seguir. No obstante, la acusación particular mantuvo en todo momento que siempre se había respetado la legalidad y que todas las denuncias que el inculpado interpuso, que no fueron pocas, se archivaron. Las denuncias las presentó no sólo en Obras Públicas, sino también en el juzgado, ante el Defensor del Pueblo y del Ciudadano o en la Fiscalía, como recordó.

Hasta diecisiete policías locales fueron citados para el juicio, aunque al final testificaron únicamente seis, incluido el Jefe del 092, Manuel Cabrales. Todos los agentes de la Policía Local dijeron que se limitaban a informar de lo que veían, de esos hechos, pero que el inculpado no alteraba el orden público de ninguna manera. Luis Cruz de Sola dijo que incluso tuvo que pedir a su familia que tuvieran ninguna reacción a las pancartas, aunque no le sentaron nada bien.

Un testimonio que resultará decisivo en la causa será el del forense que lo examinó hace apenas unos días. Dijo que sufre un trastorno delirante de tipo persecutorio, que le produce una merma parcial de sus facultades y que va a peor. Ahora mismo se encuentra en tratamiento farmacológico y entiende el perito que debería continuar con él.

La pena que pide la Fiscalía es de diez meses de multa a tres euros diarios porque entiende probados los hechos, aunque alternativamente señaló que podría aplicarse la eximente incompleta del 21.1 y que abogaba por la continuidad de ese tratamiento psiquiátrico. La defensa pide la libre absolución porque sostiene que nunca hubo ánimo de ofender.