La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha ordenado el ingreso en prisión de los dos presuntos cabecillas del entramado criminal desarticulado por la Guardia Civil que ofrecía contratos de trabajo ficticios a cambio de dinero, ascendiendo a 535 la cifra de detenidos en toda la geografía española en el marco de la denominada 'operación Relisto', que continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. 

  Así lo han confirmado s fuentes de la Guardia Civil, que destacan que las diligencias están hechas de una manera "exquisita" y eso ha propiciado que la juez lo tuviera "tan claro" como para enviar este miércoles a la cárcel a los supuestos cabecillas principales de la trama. Cosa que, según las citadas fuentes, es "significativo" atendiendo al tipo de delitos a los que hace referencia el caso --principalmente estafa y falsedad documental--. 

  La operación se inició al tener conocimiento los guardias civiles de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz de la existencia de un entramado criminal, liderado por un vecino de la localidad de Jerez de la Frontera, que estaría creando empresas fantasma, al frente de las cuales figuraban como administradores únicos, en la mayoría de los casos, toxicómanos con gran cantidad de antecedentes penales, a los que se les pagaba por figurar como tales. Para ello, el entramado actuaba en connivencia con gestores autorizados en la red de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

  El entramado llegó a montar hasta diez empresas con gran cantidad de trabajadores en su nómina. Las investigaciones desvelaron que no se cumplía con los pagos y obligaciones con los distintos organismos implicados, tales como los abonos de obligaciones fiscales y laborales contraídos por las empresas y los supuestos trabajadores, concretándose en que no tienen actividad, por lo que queda patente que se trata de empresas simuladas. 

  De esta forma, la red y sus máximos responsables obtenían cuantiosos beneficios económicos, ya que a todos los trabajadores a los que daba de alta en las empresas se les cobraba una cantidad económica. Además a estas personas se les decía que tenían que abonar el coste que para cualquier empresa supone tener a un trabajador, seguros sociales o retenciones a cuenta, cantidades que iban a parar al cabecilla y que nunca llegaban a la Administración. 

Las personas que pagaban por la obtención de estos contratos buscaban principalmente el cobro de prestaciones por desempleo, la obtención de permisos de residencia, en el caso de los extranjeros, y el acceso a beneficios penitenciarios como el tercer grado. La operación policial ha sido posible gracias a la colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.