El portavoz del sindicato de controladores USCA en Baleares, Javier Zanón, acusó al Gobierno de haberles dejado "fuera del Estado de Derecho decretazo tras decretazo", lo que ha provocado un "efecto dominó de estrés y ansiedad" en el colectivo, que ha conllevado al cierre del espacio aéreo español durante casi 24 horas.

Zanón aclaró que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "destruyó" el convenio colectivo de los controladores aéreos "por primera vez en este país", después de que el pasado 5 de febrero hiciera una "ley a su medida", que regulaba la prestación de servicios de tránsito aéreo y modificaba las condiciones laborales de estos trabajadores. "Nos tratan como si no fuéramos trabajadores con derechos en este país", reprobó al tiempo que calificaba de "abuso" la actitud del Gobierno hacia los controladores, a quienes, a su juicio, "se ha vilipendiado y mentido".

Por otro lado, desveló que en las últimas horas, los controladores quisieron "entregar sus empleos, porque no querían volver a trabajar, dado que no cuentan con un marco legal que les ampare". "Hay gente llorando y en situación límite, por lo que muchos están tomando ansiolíticos".

Preguntado sobre si existe algún tipo de temor entre los controladores, respecto a la posibilidad de que la Justicia actúe contra ellos por su decisión de ausentarse de su puesto de trabajo, Zanón contestó: "Tenemos miedo desde hace diez meses, ya que estamos sin condiciones laborales mínimas". El personal, explicó, está "absolutamente desquiciado", debido a que han tenido que trabajar "muchas horas" extra en los últimos meses "y no saben ni cuándo tienen que trabajar", por lo que el colectivo ha dicho "basta ya".

Dos testimonios recogidos ayer ayudan a completar la versión de este colectivo profesional. Merche Canalejo, una de las controladoras aéreas que el viernes abandonó su puesto, pidió "un millón de disculpas" a los ciudadanos porque les da una "pena horrorosa", pero matizó que su colectivo no es el "origen del problema", sino que éste parte de las condiciones de "esclavitud" en las que desempeñan su trabajo. El Gobierno, dijo Canalejo, les ha "prometido que se va a sentar a negociar". "Somos capaces de volver a hacerlo y tenemos las Navidades a la vuelta de la esquina. No nos vamos a doblegar", advirtió.

"Jamás hubiéramos hecho esto (no trabajar) voluntariamente, nos han obligado", añadía Blanca Uriarte, una controladora del aeropuerto de Palma de Mallorca, mientras rompía a llorar y trataba de pedir disculpas a los ciudadanos por lo que admite que ha sido una "barbaridad" a la que les ha empujado el Gobierno.