El miércoles se abrirán las puertas de los colegios públicos andaluces. Tras las vacaciones volverán a ellos los menores del segundo ciclo de Infantil (a partir de tres años) y Primaria. El día 15 lo harán los alumnos de los institutos. Comienza así un curso condicionado por la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que tanta polémica ha suscitado el último año. Aunque los mayores cambios de la reforma educativa se notarán en cursos venideros, ya en el que comienza esta semana empezarán a notarse dichas modificaciones, especialmente en la nueva Formación Profesional Básica (FPB), que la Junta finalmente, tras las presiones de la comunidad educativa, ha adaptado para que la oferta sea igual a la de los anteriores Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

Tras meses en los que se ha escrito mucho sobre la Lomce -también conocida como Ley Wert- la reforma educativa comenzará a ser un hecho palpable las próximas semanas. La normativa se aplicará en primero, tercero y quinto de Primaria así como en el primer curso de la FPB. Francisco Hidalgo, responsable de Enseñanza de CSIF, asegura que la nueva ley apenas tendrá repercusión en cuanto al número de maestros en Educación Primaria. Otra cuestión será lo que suceda en la FPB, pues hasta esta semana no concluirá el plazo de escolarización para la enseñanza que sustituye a los PCPI. 

El retraso en dicho proceso -por lo general suele llevarse a cabo entre junio y julio- obedece a la modificación que realizó la Consejería de Educación para la aplicación de la FPB. La Administración autonómica, dentro de sus competencias educativas, presentó a finales de primavera una serie de medidas para "combatir" los efectos de la Lomce -a la que siempre se ha opuesto- en Andalucía. El consejero de Educación, Luciano Alonso, justificaba la elaboración del documento por la falta de tiempo entre la legislación de los decretos específicos para cada etapa educativa por parte del Estado y el inicio del nuevo curso. Confrontaciones políticas aparte, lo cierto es que la sustitución de los cursos de PCPI por los de FPB supusieron hasta bien entrado el verano la eliminación de 110 unidades, con lo que conlleva de pérdida de puestos docentes y de reducción de la oferta académica.

La Junta, además, cambiaba el  proceso de escolarización establecido hasta entonces. En lugar de que los centros se adaptaran a la demanda, los institutos tendrían que "encauzar" la demanda a la oferta. Dicho de otro modo, ante la reducción de plazas los equipos directivos tendrían que presentar un número de candidatos a la FPB -aquellos alumnos que fracasen en la ESO y que tengan entre 15 y 17 años- que no supere al de las vacantes adscritas a dicho centro. Además,  a los alumnos que cursaran una FPB se les restringía la oferta, pues debían conformarse con la especialidad asignada a su instituto, pues en principio sólo se establecieron 14 títulos.

La Junta culpó al Gobierno de la falta de financiación para ampliar la FPB. A mediados de julio, y a punto de finalizar la escolarización, la Consejería de Educación adelantó que se mantendría la oferta en los nuevos cursos tal como estaba concebida en los PCPI, aunque eso sí, la ratio máxima de alumnos por aula no será de 30 como establece la Ley Wert, sino de 20 para mejorar la calidad educativa. A ello se añaden 100 horas más en las enseñanzas troncales para que los alumnos opten en igualdad de condiciones con los de Secundaria para la obtención del título en ESO.

Por tanto, la oferta se ha ampliado en siete especialidades más (en total, 21), con 505 unidades para 9.860 alumnos. El incremento ha obligado a abrir un nuevo plazo de escolarización que finaliza esta semana, lo que provoca una premura en los institutos, pues contarán con pocos días para la organización de las clases y el comienzo de éstas. 

En cuanto a Primaria, las principales novedades del decreto andaluz para desarrollar esta etapa educativa radican en la inclusión de Educación para la Ciudadanía -eliminada por el Gobierno-como asignatura de libre configuración obligatoria en todos los centros y la reducción horaria de Religión a 45 minutos semanales. La Junta prohíbe que las evaluaciones que la Lomce contempla para Primaria se utilicen con el fin de establecer rankings de centros educativos.

Exigencias sindicales ante el arranque de las clases

La Federación de Enseñanza de UGT ha pedido a la Junta, ante la entrada en vigor este curso de la Lomce, que se establezcan una serie de medidas que garanticen la calidad educativa. Entre estas peticiones se encuentra impedir el "hacinamiento" del alumnado en las aulas, especialmente en la FP Básica, algo que la Consejería de Educación pretende evitar fijando la ratio máxima en 20 alumnos y no en 30 como establece la normativa estatal. También se exige la dotación a los centros sostenidos con fondos públicos de personal de apoyo suficiente para los alumnos con necesidades educativas especiales. A este respecto, hace hincapié en la necesidad de que cuente con profesionales que se encarguen de adaptar el currículo formativo de la LOE (anterior ley educativa) a la Lomce, trabajo que ha de estar concluido antes de que acabe el nuevo curso. De igual modo, solicita que las bajas docentes se cubran "inmediatamente" para que el alumnado no pierda "ni una hora de clase". En cuanto a la FPB, se insta a que el alumno que se proponga para estos cursos haya utilizado previamente todos los recursos que están al alcance antes de abandonar la educación obligatoria. Por último, se pide que los docentes recuperen el poder adquisitivo anterior a los recortes.

Vísperas con protesta de los monitores escolares

Los monitores escolares contratados a raíz del Plan de Choque puesto en marcha por la Consejería de Educación tras finalizar el contrato con la empresa que había subcontratado en condiciones de precariedad a auxiliares administrativos -cuyo despido ha sido ya en muchos casos considerado como improcedente, lo que supondrá la readmisión por parte de la Junta- han convocado una nueva movilización hoy hasta el Palacio de San Telmo por los "incumplimientos" de la Junta. Los motivos de la protesta son el "incumplimiento" de los compromisos acordados en las mesas de negociación, el mantenimiento del Plan de Choque de un año hasta la creación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de monitores escolares y el acceso al empleo público "respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad". Este colectivo también ha iniciado una campaña de denuncias por considerar que en sus contratos existe fraude de ley y que no se respeta la oferta ni lo acordado en las mesas de negociación.