Un año del estado de alarma | El impacto de la pandemia en Jerez

El 14-M en el Ayuntamiento: un premonitorio viaje a Madrid

  • El Ayuntamiento trata de amortiguar el impacto de la crisis en su ya de por sí delicada situación

  • Se trató de reactivar la economía local con obras y se dispararon los gastos sociales

A finales de abril del año pasado se celebró el primer pleno del Ayuntamiento de manera telemática.

A finales de abril del año pasado se celebró el primer pleno del Ayuntamiento de manera telemática. / Vanesa Lobo

El 10 de marzo de 2020, los trabajadores municipales recibieron en sus correos corporativos un comunicado del gobierno municipal donde le informaban de las recomendaciones que ya estaban lanzando las autoridades sanitarias para tratar de contener el coronavirus SARS-CoV-2.

Aún quedaban cuatro días para que se decretara el estado de alarma en todo el país y se iniciara un confinamiento. Pero, en aquel momento, este medio ya había publicado los primeros contagiados detectados en la ciudad (meses después, se supo que en el distrito sanitario ya hubo casos en la última semana de febrero, tal y como reconocen las estadísticas oficiales de la Junta de Andalucía sobre la evolución de la pandemia).

La alcaldesa jerezana, Mamen Sánchez, lleva un año afirmando de que el jerezano fue uno de los primeros ayuntamientos de toda España en adoptar medidas para tratar de contener la pandemia. En una reciente entrevista a este periódico, lo atribuyó a un viaje a Madrid que realizó días antes de que se decretara el estado de alarma que posibilitó que pudiera vislumbrar que era necesario adoptar medidas rápidamente.

Los primeros decretos

Aunque ya el día 10 se hizo un llamamiento a la plantilla, fue al día siguiente cuando se adoptaron las primeras decisiones. El 11 de marzo se limitaron las visitas en el Centro de Acogida San José, se cerraron los centros de días de mayores y se ordenó la desinfección de los autobuses urbanos y de las instalaciones municipales.

En los dos días siguientes (12 y 13 de marzo) se decretaron las órdenes de mayor calado. Se cerraron los parques infantiles y todas las instalaciones municipales sociales, culturales y deportivas; se suspendieron todas las actividades promovidas por el Ayuntamiento; y se empezó a plantearse el aplazamiento y suspensión de eventos públicos (poco después se anunció la suspensión de las procesiones de Semana Santa en Jerez por parte de la Unión de Hermandades).

A partir de ese momento, la atención al público de los servicios municipales se empezó a realizar de manera telemática; buena parte de la plantilla municipal pasó a teletrabajar; se cerraron los centros sociales; se suspendieron los mercadillos y se prohibió que se pudieran hacer visitas al Asilo de San José.

De puertas hacia fuera, la actividad municipal pareció paralizarse. En cambio, el ejecutivo insistió en que se continuó trabajando, y de manera muy intensa, en tratar de acelerar trámites administrativos para poder poner en marcha actuaciones e inversiones una vez se iniciara la desescalada. En ese momento, el equipo de gobierno empezó a hablar de un plan de reactivación económica. La principal medida era ya conocida y aplicada en otras crisis: promover la obra pública. Para ello, se licitaron mejoras en distintos puntos de la ciudad por valor de tres millones de euros, entre las que se encontraba la reurbanización de la calle Corredera y plaza Esteve o la plaza Vargas, entre otras.

Ahora bien, de una de las intervenciones que más ha promocionado el gobierno durante este año es de la puesta en marcha en el pabellón Kiko Narváez de un centro de recogida de donaciones de alimentos por parte de empresas de la ciudad. Durante meses, se recibieron en esta instalación miles de kilos de comidas que se repartieron entre unas 7.000 familias con necesidades. Ahora bien, la situación alegal de esta iniciativa motivó que a finales de año el ejecutivo la reconvirtiera en un centro municipal de alimentos que actualmente está operativo en una nave municipal en el polígono industrial El Portal.

Ahora bien, ni la crisis sanitaria ha limado las discrepancias entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Los continuos reproches del gobierno municipal con el autonómico tuvieron su cénit durante la paralización de las obras de plaza Esteve. Pero hubo reproches a la Junta por la falta de equipos de protección al servicio de ayuda a domicilio, por los datos de contagios que se hacen públicos, por la carencia de ayudas a las entidades locales, por los planes de empleo y hasta por el proceso de vacunación.

Sin rebajas fiscales

Semanas atrás, el ejecutivo dio una estimación sobre el impacto que le ha supuesto la crisis del coronavirus en la ya de por sí complicada situación económica del Ayuntamiento. Así, apuntó que las medidas que adoptó el año pasado provocadas por la pandemia del coronavirus le supusieron un gasto extraordinario de unos 3,2 millones de euros. Entre estas partidas imprevistas se encontraba un aumento en 1,2 millones de las ayudas sociales, el refuerzo del servicio de ayuda a domicilio por importe de 311.000 euros o los 213.000 euros para hacer labores de desinfección en colegios. Mientras, estima que dejó de ingresar unos seis millones por la caída de la actividad económica.

La complicada situación financiera también ha afectado de lleno a las empresas municipales. Cirjesa, la sociedad que gestiona el circuito de velocidad, estima que cerró el año pasado con más de 1,3 millones de euros en números rojos por la falta de actividad, lo que le ha obligado a presentar un plan de viabilidad para tratar de esquivar la suspensión de pagos.

Mientras, Comujesa también atraviesa una delicada situación financiera. La brutal caída de los ingresos en el servicio de autobuses urbanos provocada por las limitaciones de movilidad ha mermado sus cuentas. Y Emuvijesa, la empresa municipal de vivienda, ha requerido de una inyección extraordinaria de 200.000 euros por la acumulación de impagos de los alquileres de pisos municipales.

Ahora bien, y a pesar de que se pidió autorización al Ministerio de Hacienda, apenas pudo adoptar medidas en materia de fiscalidad para ayudar a las empresas y autónomos. La Ley de Estabilidad Presupuestaria impide a un ayuntamiento como el de Jerez aplicar rebajas fiscales, tal y como reclaman muchos sectores económicos, debido a que tiene que cumplir con un plan de ajuste que, precisamente, determina todo lo contrario: aumentar los ingresos por la vía impositiva para tratar de reducir su déficit.

El ejecutivo tuvo que conformarse con hacer una limitada rebaja de la tasa de veladores, mercadillos ambulantes y mercados de abastos. Eso sí, en diciembre recibió el visto bueno para usar parte del fondo de contingencia (una reserva que tienen los presupuestos de las entidades públicas para atender emergencias) para suscribir convenios con asociaciones de comerciantes, hosteleras y culturales para acometer medidas de apoyo a estos sectores (unos 400.000 euros).

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