La ejecutiva de la sección sindical de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT abandonará hoy el encierro solidario con los cuatro trabajadores de la Agencia Andaluza del Agua a los que los tribunales han dado la razón al considerar improcedentes sus despidos, que se hicieron efectivos en diciembre. Pero el organismo dependiente del Gobierno andaluz prefiere indemnizar a los afectados en lugar de readmitirlos, práctica habitual en muchas empresas en tiempos de crisis como los que corren, pero que la representación sindical de este colectivo no termina de encajar dentro de la Administración Pública.

"La Junta no puede ponerse a la altura de los empresarios para aprovecharse de la crisis, menos con el problema de paro que hay en la provincia", manifestó ayer el presidente del comité de empresa de la Agencia del Agua en Jerez, Luciano Castaño, quien compareció en rueda de prensa junto al secretario provincial de la FSP, José Porras, para denunciar la "nefasta" gestión del servicio y la grave situación a la que se enfrenta la plantilla.

La quincena de representantes sindicales que han permanecido 48 horas acampados en los terrenos de las oficinas de la Agencia Andaluza del Agua en Montealto levantarán hoy las tiendas de campaña, pero no cejarán en la presión para que los responsables de la Junta reconsideren su postura, según los responsables de UGT y del comité de empresa, la de "obligar" a los trabajadores a prolongar su jornada laboral hasta extremos insospechados para suplir la alarmante falta de personal y no pagarles encima la mayoría del tiempo de más que echan para garantizar el abastecimiento a la población, los regantes y la industria.

Los datos son escalofriantes. Los trabajadores (el personal laboral) de la Agencia Andaluza del Agua, básicamente los adscritos al mantenimiento de las presas, realizaron el año pasado más de 14.000 horas extras que suponen un sobrecoste de 420.000 euros con el que, según los cálculos del comité, se podría haber contratado a 40 personas para los diez embalses de la provincia. Pero la Junta sólo está dispuesta a pagar las 80 horas extras que recoge el convenio colectivo como tope anual, considerándose el resto horas de emergencia o prevención de siniestros, que según un ex miembro del comité de empresa, son de obligado cumplimiento y para las que no existe más límite que la capacidad de resistencia del ser humano. En palabras de este sindicalista, "es una forma de esclavitud", de ahí que las demandas de los trabajadores por el impago de estas horas se cuenten por cientos.

El caso más sangrante, explicó el actual presidente del comité, es el de un trabajador de una presa al que uno de los jefes le certificó el año pasado la friolera de 1.100 horas extras -para una jornada laboral de 40 horas semanales, al año se trabajan unas 1.900 horas-, otro claro ejemplo de este "abuso deshonesto".

"Esto no acaba aquí", proclamó Castaño, quien anunció que la sección sindical de UGT y el comité no pararán "hasta que alguien dentro de sus cabales se dé cuenta" del caos en el que está inmerso la gestión del agua en la provincia y reconduzca una situación que se viene arrastrando desde que la Junta de Andalucía se hizo cargo hace cuatro años de las competencias en la materia.

Desde entonces, los trabajadores de la Agencia del Agua han realizado una huelga y tres encierros, entre ellos el que acaba hoy en solidaridad con los cuatro afectados por los despidos y en el que apenas han podido pegar ojo durante las 48 horas de su duración pensando en quien será el próximo en pagar la "incompetencia" de los responsables autonómicos del servicio. Responsables de IU y el PP, con sus portavoces Joaquín del Valle y María José García-Pelayo al frente, se acercaron ayer por las instalaciones de Montealto para dar ánimos a los representantes sindicales y reiterar su total apoyo a sus reivindicaciones.

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