El TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) mantiene abierta la causa judicial contra el parlamentario socialista y ex consejero de Cultura Luciano Alonso por el nombramiento del malagueño Luis Guerrero como director del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco (CADF), un cargo que nunca llegó a ejercer pero por el que percibió unos 87.000 euros entre 2012 y 2014. En un auto dado a conocer ayer, el magistrado Miguel Pasquau apunta que Alonso pudo haber incurrido en un delito de prevaricación por lo que da por finalizadas las diligencias previas y ahora solicitará a las partes (Fiscalía y defensa) que se pronuncien sobre la posibilidad de procesar o no al ex responsable autonómico.

Tras una denuncia de la Fiscalía realizada tras las informaciones publicadas por este periódico, el TSJA inició una investigación sobre el nombramiento de Guerrero, que reconoció que no trabajó para esta institución con sede en la plaza de San Juan. En mayo, el ex consejero aseguró en sede judicial que era legal este nombramiento encuadrándolo dentro del personal de confianza del gabinete de su Consejería, un razonamiento que rechaza contundemente el magistrado del Alto Tribunal Andaluz. Eso sí, la investigación judicial se ha ampliado a otras dos designaciones realizadas en la dirección de la Filmoteca de Andalucía que tampoco cumplían con el perfil requerido para estos puestos.

En el auto, explica que estos nombramientos se producen en un momento donde se redujeron las contrataciones de personal eventual por la reestructuración de consejerías para disminuir los gastos de personal. Por ello, según el magistrado, el ex consejero "exploró las posibilidades de compensar esta pérdida y dotarse de más personal al servicio de su consejería". Por ello, nombró a Guerrero - "personal de su confianza"- para un puesto que estaba vacante "dada la reducción de competencias y funciones" del Centro Andaluz de Flamenco al haberse integrado en la Consejería. Sin embargo, a pesar de la asignación, Guerrero llevó a cabo "una tarea completamente ajena las funciones de director del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco" pues se encargó de dar "impulso a determinadas actividades culturales en Málaga".

Por lo tanto, para el magistrado esta práctica puede suponer "un deliberado torcimiento de la normativa relativa a los nombramientos de personal eventual". Así en el auto diferencia dos grupos entre aquellos que tienen una labor de "asesoramiento genérico" y otra con funciones "singularizadas". En el auto se razona que Alonso recurrió a un puesto de esta segunda categoría para que realizara "funciones completamente diferentes de las propias de dichos cargos".

La Fiscalía denunció que estos hechos debían catalogarse también como un delito de malversación de caudales públicos, extremo que no comparte el magistrado que señala sí que pudo haber "decisiones arbitrarias", de ahí que ordene continuar con la causa por un presunto delito de prevaricación. Por ello, incide: "Dado el privilegio que comporta emplear dinero público en contratar personas elegidas con total libertad, al margen del mérito y cualificación, es una exigencia mayor del ordenamiento jurídico el que dicho privilegio se ciña a las determinaciones normativas, a fin de evitar un uso indebido como el que en este caso indiciariamente se ha producido".

Una vez conocido el auto, la defensa del parlamentario autonómico anunció que presentará los correspondientes recursos al entender que una administración pública puede reasignar funciones entre el personal de confianza, una afirmación que realiza recurriendo al Estatuto del Empleado Público. "Puede existir desacuerdo en si se puede aplicar esa norma o no, otra cosa es que se trate de un delito de prevaricación", apuntaron fuentes de la defensa de Alonso a la Agencia Efe. Sí se acogió con satisfacción por esta parte que se haya descartado el posible delito de malversación.