El Ayuntamiento jerezano no solo sigue sufriendo un importante problema de liquidez, cuya principal consecuencia es que sigan aumentando los retrasos en el pago a sus proveedores, sino que no ha conseguido atajar el grave problema de gastar sin tener consignación presupuestaria. Las denominadas políticamente como 'facturas en el cajón' -el nombre técnico es Operaciones Pendientes de Aplicación Presupuestaria (Opa)- siguen aumentando en el Ayuntamiento a pesar de que, desde noviembre se ha intentado aplicar una serie de medidas para reducirlas.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, que realiza un seguimiento trimestral a esta magnitud contable, el Consistorio jerezano cerró 2016 con 99,6 millones de euros en facturas no reconocidas y, por ende, sin posibilidad de liquidarlas ya que no cuentan con la partida presupuestaria correspondiente. La cuantía es especialmente preocupante porque ha aumentado en torno a un 30,5% respecto al primer trimestre. Hace año y medio, por ejemplo, el importe rondaba los 60 millones de euros, según se apuntaba en un informe elaborado por la Intervención Municipal.

El Consistorio jerezano ya es el segundo con más 'Opas' de toda España

A día de hoy, el de Jerez es el segundo ayuntamiento de toda España con mayor importe de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, unos números solo superados por el madrileño de Parla, otro de los consistorios con más problemas económicos del país. Se da la circunstancia que los débitos del Consistorio jerezano no han dejado de crecer desde el pasado año, aunque especialmente en el último trimestre. Así, si comenzó el año con 76,3 millones de euros pendientes, lo ha acabado con 23 millones de euros más en el debe; en cambio, otros consistorios lograron reducir esta magnitud a lo largo de este año. En cuanto al resto de la provincia, los que más 'Opas' tienen son Sanlúcar, Rota, Los Barrios y Villamartín con cuantías que oscilan entre los cinco y los nueve millones de euros.

Estos adeudos se generan por servicios o contrataciones cuyas facturas no se reciben en el ejercicio correspondiente, por adjudicaciones de urgencia o por presupuestos que se quedan cortos a las asignaciones iniciales, entre otras circunstancias. Estas solo pueden abonarse una vez que el Ayuntamiento procede a cubrirlas con el crédito correspondiente para que los proveedores tengan opción de cobrar.

En noviembre, y por acuerdo de todos los grupos, el gobierno local aprobó un documento con una serie de medidas encaminadas a reducir esta anomalía contable demasiado habitual en las administraciones públicas. No en vano, desde hace más de un año el Ministerio de Hacienda está remitiendo circulares a todos los ayuntamientos advirtiéndoles de la obligación de controlarla.

En esta declaración de intenciones, se estableció una serie de criterios para priorizar las obligaciones contraídas sin consignación presupuestaria. Para ello, se apuntó que se primaría la antigüedad de la factura y la imputación del gasto a un servicio social. Asimismo, se establecían unas líneas de trabajo, aún por concretar, para evitar la proliferación de 'facturas en el cajón' en un futuro y una reforma de los procedimientos de gasto municipales; incluso, se planteaba la adopción de medidas sancionadoras, aunque tampoco se especificaron en el acuerdo de los grupos.

En cuanto a las facturas reconocidas, y tal y como publicó este medio semanas atrás, el Ayuntamiento cerró 2016 con más de 65 millones de euros pendientes de abonar. Al mes siguiente, en enero, logró rebajar el adeudo hasta los 57 millones de euros. Eso sí, a pesar de esta reducción, el importe es superior respecto al mismo periodo de 2016 donde se situó en los 53,8 millones. El Ayuntamiento jerezano tarda más de siete meses y medio en liquidar estas obligaciones.