Mañana concluye un año donde las sesiones plenarias, el máximo órgano de representación del Ayuntamiento, ha vivido también circunstancias excepcionales. La pandemia del coronavirus provocó que hubiera sesiones telemáticas y que, incluso, se haya cambiado la disposición de todo el salón plenario para poder dar cabida a los 27 ediles cumpliendo con las medidas de distancia interpersonal.

Ahora bien, en la última sesión, celebrada el pasado día 17, se abordó una cuestión inusual en un orden del día, aunque siempre ha sido un comentario recurrente durante las intervenciones de muchos para atacar al adversario: ¿se puede sancionar al concejal que no va al pleno?

Ganemos Jerez, formación que planteó el tema, reclamó conocer si las ausencias reiteradas de algunos concejales durante este mandato estaban justificadas o no. Y pedía también que se impusieran sanciones, tal y como establece el Reglamento Orgánico Municipal.

Teniendo en cuenta esta pregunta realizada en la última sesión, este medio ha consultado las actas de las 18 sesiones celebradas a lo largo de este año (restan por aprobar las de finales de noviembre y la de diciembre) para determinar qué ediles han faltado más. No hay que olvidar que, entre los deberes que tienen los representantes municipales, tal y como refleja el Reglamento Orgánico Municipal, está el de asistir con voz y voto a las sesiones plenarias y a los órganos municipales colegiados.

Bien es cierto que el nivel de asistencia es muy alto, algo bastante meritorio teniendo en cuenta que muchas sesiones se alargan en exceso durante horas por insulsos debates sobre asuntos en los que el Ayuntamiento no tiene competencias. Eso sí, hay tres concejales que este año, dicho coloquialmente, han hecho más novillos: los ediles del PP Antonio Montero y Susana Sánchez Toro así como el edil de Ciudadanos Carlos Pérez. Los tres han faltado a la mitad sesiones plenarias, unas ausencias justificadas por motivos laborales. Otros concejales, en cambio, solo se han ausentado en una o dos ocasiones, según lo recogido en las distintas actas plenarias.

Montero comenzó a ausentarse del pleno cuando dejó de ser el portavoz de su grupo municipal, que decidió que esta responsabilidad, y el sueldo que lleva aparejado, pasara a Antonio Saldaña tras verse obligado a dejar su acta de diputado provincial al haber sido detenido por la Policía Local por conducir en estado ebrio. Desde finales de junio, tal y como reflejan las actas, no ha vuelto a una sesión plenaria.

Preguntado por este asunto, el portavoz de la formación señaló que Montero sigue vinculado al grupo municipal y que no hay “ningún problema” con el edil. De hecho, justificó sus continuas ausencias en sus “circunstancias personales”. Incluso, vinculó este caso a a la situación de su compañera Susana Sánchez Toro, otra de las ediles que menos ha asistido al pleno en este 2020, alegando que esto se debe a sus compromisos laborales.

Carlos Pérez, mientras tanto, se ha llevado desde el mes de abril sin asistir a ninguna sesión plenaria reapareciendo en la celebrada el pasado día 17. De hecho, cuando le tocó intervenir en esa jornada, sus primeras palabras fueron para excusar su ausencia durante los últimos meses alegando que no había podido estar por “obligaciones profesionales”.

Durante el pleno que se abordó la ausencia de los munícipes, la edil de Ganemos, Kika González, preguntó si estaban justificadas las “reiteradas ausencias” de algunos de ellos e incidía en la necesidad de que se aplicaran sanciones, tal y como recoge el Reglamento Orgánico Municipal. Fue la alcaldesa, Mamen Sánchez, la que le respondió señalando que estas faltas pueden comunicarse tanto por teléfono como por correo electrónico; de hecho, afirmó que a esa sesión habían justificado su ausencia tres ediles, dos por enfermedad y uno por trabajo.

La portavoz de la agrupación de electores le reclamó que aplicara el artículo 10 del reglamento, que establece la posibilidad de que la Alcaldía imponga multas a los miembros de la corporación en el caso de faltas no justificadas a las sesiones. En cambio, la regidora le advirtió de que, legalmente, no era posible dado que no se han fijado “reglamentariamente” los supuestos de incumplimiento del artículo así como el importe de las sanciones. Incluso, afirmó que ningún otro ayuntamiento tiene un régimen sancionador por este motivo.

La alcaldesa recordó también que, en el caso de que hubiera que sancionar, sería a aquellos que cobran del Ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que hay ediles que no cobran por su actividad política, ni siquiera por la asistencia a los plenos. De hecho ninguno de los tres ediles con más faltas perciben dinero del Consistorio.