Una de las 'perlas' de la operación 'Picones' es que los cabecillas de la trama llegaron supuestamente a tener un bar 'fantasma' en una localidad no precisada de La Sierra -se indicó que no se facilitaría el nombre para no perjudicar las investigaciones- que llegó a dar de alta hasta 35 personas sucesivamente. Descubrir ese negocio 'fantasma', pero que daba de alta y de baja a tan elevado número de empleados, permitió descubrir otras empresas que (sostiene la investigación) eran ficticias.

Junto a las posibles responsabilidades penales, la Inspección de Trabajo levantará actas de infracción en caso de que finalmente no hubiera sanciones penales. Josefina Galindo, jefa de la Inspección, coincidió en señalar en la rueda de prensa que esta operación debe servir para advertir a los defraudadores que el Estado va a poner "todo el acento" en la lucha contra ellos.

Estas investigaciones permitirán también, según dijo, mejorar la eficacia y los mecanismos de control del grupo que la Inspección de Trabajo ha puesto en marcha para luchar contra este tipo de fraudes que suponen un importante quebranto a las arcas públicas y a las personas que sí tienen derecho a las prestaciones, mejorar los protocolos de coordinación de información e incluso configurar "un mapa de riesgo de empresas ficticias" para agilizar las investigaciones.

No obstante, Galindo matizó que "ahora casi empezamos nuestra actuación, pues tenemos que recabar los datos completos e incoar las responsabilidades administrativas en que hayan podido incurrir los detenidos e imputados. Mientras el procedimiento penal esté abierto nuestro papel está en un segundo plano, pero no duden de que haremos nuestro trabajo".