Gobierno local, Ganemos e Izquierda Unida se verán las caras esta mañana para intentar acercar posturas en torno a la reincorporación de parte de los afectados por el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que aplicó el Ayuntamiento en 2012. La discrepancia estriba en que estas dos formaciones exigen el regreso de los 116 despidos que han sido declarados improcedentes mientras que el gobierno municipal, por el momento, solo avala el regreso de 93.

Esta diferencia surge de una controversia sobre la situación jurídica de este colectivo. El ejecutivo local insiste en que estos últimos cumplen con las garantías legales para poder optar a una readmisión que, claro está, debe ser autorizada por el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía). En cambio, los 23 restantes no alcanzan los requisitos para que su caso sea analizado puesto que no recurrieron sus despidos ante el Alto Tribunal Andaluz, una afirmación que se sigue sosteniendo tras un informe encargado a un bufete contratado para este fin cuyas conclusiones se conocieron hace dos semanas.

En cambio, Ganemos e IU, junto a algunos sindicatos y la plataforma de afectados, volvieron a rechazar esta diferenciación en una comparecencia conjunta realizada en la mañana de ayer. En ella, dieron a conocer las conclusiones de un informe jurídico que han elaborado para respaldar la tesis de que los 116 pueden optar a la readmisión, un documento que será abordado en la reunión de hoy entre las tres formaciones y que ya se ha trasladado tanto a los servicios técnicos municipales como al despacho de abogados contratado.

Raúl Ruiz-Berdejo (IU) dijo al respecto: "No entendemos por qué se está decidiendo excluir a algunos cuando hay un informe de la asesoría jurídica municipal que dice que todos pueden optar a la readmisión". En este misma línea, Ángeles González (Ganemos) apostilló: "Tenemos un informe que señala que un acuerdo no puede ser obstáculo para que se manden a Sevilla las 116 transacciones; no habría responsabilidades políticas al hacerlo". Y para enfatizarlo, Antonio Ortega, uno de los abogados que ha trabajado en él, enfatizó: "En todos los casos es posible porque se dan los requisitos que exige el Ministerio de Hacienda".

En cambio, el ejecutivo sigue mostrando sus reservas respecto a esta opinión aunque mostró su disposición a analizar esta posibilidad en la reunión de esta mañana. No obstante, el ejecutivo debe adoptar en breve una decisión pues el tiempo se le agota. El TSJA tiene fijado para el próximo miércoles la primera vista por el recurso sobre el caso a uno de los despedidos por lo que un día antes deben estar en este tribunal todos los acuerdos entre el Ayuntamiento y los afectados donde se planteen las readmisiones. Sin embargo, estos expedientes deben ser ratificados previamente por el pleno y hay aún varios pasos administrativos por dar y decisiones políticas por adoptar.

Para empezar, los acuerdos deben contar con el respaldo técnico y, según apuntó ayer la regidora, este nuevo informe cargará aún más de trabajo a la Intervención Municipal. Ayer, la alcaldesa advirtió: "Llevamos un año pidiendo informes jurídicos y nadie los ha hecho hasta ahora; por eso tuvimos que buscar un informe concluyente de cada caso". Así, una vez se tenga el visto bueno, los acuerdos deben elevarse a pleno para su aprobación, aunque tienen que ir acompañados de una modificación presupuestaria para dotar de crédito a las reincorporaciones y de una modificación del plan de ajuste que también se está ultimando. El ejecutivo no aclaró ayer cuál será el coste que supondría estos reingresos pero garantizó que tendrán cobertura económica todos aquellos que cuenten con el beneplácito judicial.

Sin embargo, los grupos de la oposición no han aclarado aún su sentido del voto. Ganemos e IU insisten en que lucharán hasta el final para que se lleven a pleno los 116 expedientes. Raúl Ruiz-Berdejo, eso sí, indicó que votarán a favor aunque exigió que se les permita pronunciarse sobre todos los casos; mientras, Ganemos no tiene decidido aún su pronunciamiento puesto que esta tarde tiene prevista una asamblea para fijar su posición. Partido Popular y Ciudadanos no se han pronunciado, por ahora.