Horas antes de que se conociera la citación por parte del Ministerio de Hacienda, la alcaldesa, Mamen Sánchez, y el edil de Economía, Santiago Galván, comparecieron públicamente para cargar contra el gabinete de Cristóbal Montoro. El motivo fue que a primera hora de la mañana el interventor municipal, Juan Raya, recibió un correo electrónico en su cuenta personal donde el Ministerio le pide datos para incorporarlos, a modo de prueba, en una aplicación informática para agilizar el pago de facturas a proveedores. Con ella se pretende que los contratistas cobren directamente de los ingresos que el Estado transfiere a aquellas entidades locales que no cumplen con los plazos legales de pago para que, de este modo, no estén a expensas del criterio y disponibilidad de fondos de las tesorerías municipales. La plataforma se encuentra en pruebas pero en el escrito remitido al interventor ya se apunta que "es previsible" que se empiece a aplicar este sistema de pago directo, regulado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en el Consistorio jerezano.

Sin embargo, esta misiva fue considerada ayer por el ejecutivo como una injerencia en su autonomía por lo que fue aprovechada para insistir en un argumento ya esgrimido en ocasiones anteriores de que el Ministerio de Hacienda utiliza al Ayuntamiento de Jerez como "banco de pruebas". Además, le reprochó que no le hubiera citado a una reunión , aunque horas después se conoció la convocatoria para hoy. Tras asegurar que el Consistorio no participará en esta experiencia piloto, la regidora criticó que esta propuesta llegue "sin esperar al informe preceptivo que por ley debe emitir la Junta de Andalucía como administración tutelar del Ayuntamiento" y "cuando se estaba a la espera de la reunión solicitada con los responsables del Ministerio para preguntar por la aprobación del presupuesto de 2018". "El tiempo de elegir a Jerez como banco de pruebas del Ministerio de Hacienda ha pasado y no va a volver a suceder", agregó.

En esta misma línea Izquierda Unida aseguró que esta comunicación es "un ataque directo a la autonomía del Ayuntamiento". La edil Ana Fernández aludió a las "graves consecuencias que va a traer a nuestra ciudad esta nueva utilización partidista de las administraciones públicas por parte del PP ya que supondría un recorte de más de 5 millones de euros en los ingresos previstos en el presupuesto de 2018, lo cual, va a conllevar una merma considerable en la calidad de los servicios que el Ayuntamiento tiene obligación de prestar".