La Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC) lanzó la pasada semana un nuevo llamamiento ante "la complicada y difícil situación" por la que atraviesan las empresas de la provincia. Así lo hizo saber el vicepresidente del organismo, Javier Sánchez Rojas, quien pidió a las diferentes administraciones públicas que, en definitiva, "tengan en cuenta estas especiales circunstancias". Entre las medidas solicitadas por la CEC para hacer frente a estos problemas, pedían a la administración pública la supresión de las garantías provisionales que las empresas deben presentar en concursos públicos, que son previas e independientes a la adjudicación del contrato y suponen el 2% del presupuesto del mismo.

A raíz de este llamamiento y tras los contactos de la propia alcaldesa, Pilar Sánchez, con el sector, el Ayuntamiento de Jerez ha decidido dar un nuevo paso a favor de los empresarios para mostrar su "sensibilidad" con la problemática. Así, el gobierno ha decidido eliminar la obligación de presentar las garantías provisionales en los procedimientos de contratación municipal, por lo que sólo la empresa o licitador que resulte adjudicatario provisional del contrato tendrá que presentar la garantía definitiva. La única excepción planteada por el Ayuntamiento de Jerez será en los contratos con especiales características, tal como recoge la propia Ley. Una medida que se llevará a junta de gobierno local para su aprobación el próximo 28 de agosto, coincidiendo con el inicio del curso político.

Con esta modificación, las empresas que se presenten a alguna de los proyectos que saque a concurso el Ayuntamiento de Jerez no tendrán que presentar ningún 'aval' previo, permitiendo que las firmas tengan algo más de liquidez. Pese a que evidentemente esto no solucionará el grave problema económico que padecen muchas empresas, muchas de ellas por deudas de las propias administraciones, lo cierto es que aliviará la asfixia que padecen actualmente. "Esta es una iniciativa que he llevado yo misma y que es muy importante en estos momentos. Se trataba de un problema porque las garantías económicas con la banca, que es lo que falla en estos momentos, era una dificultad", asegura la alcaldesa, Pilar Sánchez, añadiendo que "era una obsesión mía y de mi gobierno eliminar trabas para favorecer la creación de empleo y dinamizar el mercado. La llegada de Zahav no es casual también aprobamos otro documento para incentivar que lleguen empresas si van a crear un número determinado de empleos y ahora que se nos abre otra posibilidad, lo hacemos eliminando las garantías provisionales". Se trata, además, de una iniciativa pionera tal como relata la primera responsable municipal ya que "esto supone una medida política que aplicamos de los primeros en España. Hemos trabajado mucho y queremos aprobarla en septiembre que se reunirá también la Mesa de Concertación".

En concreto, la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público ya no exige como requisito el cumplimiento de la garantía provisional, aunque el 90% de los organismos la siguen pidiendo en sus convocatorias. No obstante, ayuntamientos como el de Jerez ya han reaccionado a esta petición. Por eso, Sánchez Rojas aseguraba en sus últimas declaraciones que ese 2% del presupuesto que tienen que presentar, pese a ser un porcentaje minúsculo, "supone un gran esfuerzo para las empresas por las dificultades que hay para acceder a créditos y avales, y además complica la presentación a licitaciones". A su juicio, además, la eliminación de las garantías provisionales supondría un respiro paras las empresas, que además no tendrían una cantidad de dinero inmovilizada que podrían emplear en otras necesidades.