A las doce de la medianoche del viernes se cerró el plazo para que las entidades bancarias que así lo desearan pudieran realizar sus ofertas para hacer algo tan atractivo para un banco como es acometer la gestión de la recaudación de los tributos de una gran ciudad. Una ciudad que, según el último Plan Estratégico de Servicios Sociales, rozará el cuarto de millón de habitantes en 2018, es decir, en apenas seis años. Según pudo saber este medio, el plazo concluyó con dos muestras de interés sin que trascendiera si alguna de ellas fue presentada en firme. La entidad más interesada fue el Banco de Santander, uno de los gigantes de la banca española, y el otro, según diferentes fuentes, fue Banca Cívica que vio positivamente en principio una operación en la ciudad donde se ubica el germen de la que fuera la Caja de Ahorros de Jerez, "la más antigua de España" según rezaban los eslóganes de los años 60 y 70.

El paso dado por la alcaldesa, María José García-Pelayo, el pasado miércoles 15 de febrero, fue especialmente llamativo. Tras cancelar los acuerdos con Diputación con el objetivo de conseguir, casi a la desesperada, una liquidez que le permitiera al menos pagar la nómina a sus empleados, fue consciente de que abría una especie de caja de Pandora de resultados inciertos. Fue entonces cuando aseguró, en plena rueda de prensa que "esto puede tener efectos colaterales, pero a la banca se le pueden hacer planes de pago, a las familias no". Se refería a la situación de asfixia que sufren miles de jerezanos al tener impagadas una paga del año pasado y otras dos del que ya está en curso.

La apuesta de la alcaldesa por devolver a Jerez el poder de decisión sobre "cuándo, cómo y a quién se paga" levantó serios recelos en la banca, básicamente por el hecho de que la ruptura del convenio de recaudación se produjera mediante la aplicación de uno de esos métodos que menos gustan a quienes se acostumbran a cobrar lo que se les debe mes a mes: "De forma unilateral". Los "efectos colaterales" que tanto temía la alcaldesa se han hecho patentes, al menos en la escasez de ofertas recibidas en el despacho de Enrique Espinosa, el teniente de alcaldesa para Asuntos Económicos, que el pasado viernes aseguraba de forma significativa que las circunstancias actuales "no implican que no se pueda contratar a alguien fuera de plazo".

Que el Ayuntamiento juega con desventaja en este asunto es un hecho. La asfixia es mala amiga de las negociaciones, más aún si quien debe comprometerse a adelantar el importe de los tributos sabe que cuanto más aguante mejores réditos sacará de la negociación y la firma de los acuerdos. La furia de los mercados se ceba sobre un Ayuntamiento dejado en quiebra que no ha tenido margen alguno de maniobra al tener comprometidos este año en curso el 92% de sus ingresos.

El propio Enrique Espinosa reconocía que este asunto, asumir la gestión de los tributos del ayuntamiento de una ciudad llamada Jerez, "ha ido a los comités de riesgo de varias entidades bancarias". La resolución final será comunicada el lunes, jornada en la que la alcaldesa mantendrá una reunión a este respecto con los sindicatos municipales para informarles al respecto. En caso de que no haya banco que asuma la gestión, la única solución que le esperará al Consistorio jerezano será esperar a que lleguen las grandes partidas de la gestión tributaria, especialmente el IBI, y con ellas hacer frente a los pagos pendientes que por entonces habrán crecido de una forma importante. De otro lado estará el apoyo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que permitiría ir pagando a los autónomos y pymes que ven su supervivencia amenazada por las deudas que mantienen con ellos las administraciones. "Todo ello ayudará a reactivar la economía pues el cobro estará asegurado", dice Espinosa.