Jerez

La investigación de la trama Gürtel señala otra vez a García-Pelayo

  • Un informe de la UDEF, que tiene la Audiencia Nacional, dice que la alcaldesa cerró acuerdos con empresas de Correa La regidora afirma estar "tranquila, todo se hizo legalmente"

Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señala que la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, "participó en la adjudicación de contratos irregulares a las empresas del presunto cabecilla de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, a través de un procedimiento sin publicidad y recabando la documentación de las sociedades cuando ya habían sido ejecutados sus trabajos", según recogía anoche Europa Press. El informe que ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, al que ha tenido acceso Europa Press, rescata el nombre de García-Pelayo, quien recientemente ha sido aupada para presidir el Comité Andaluz de Gobiernos Locales.

El antiguo instructor del caso 'Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ya archivó en mayo de 2011 una denuncia presentada contra ella porque los hechos se referían a Jerez. En el auto, Pedreira explicaba que, "de la misma forma que se rechazó por el TSJM conocer de las vicisitudes del caso Correa en Valencia", ahora procede rechazar "el conocimiento de las actuaciones en Madrid derivadas de las actuaciones de Andalucía".

La investigación sobre el Ayuntamiento de Jerez, dentro del caso Gürtel, tiene su origen en febrero de 2009, cuando la entonces alcaldesa, Pilar Sánchez (PSOE), envió a la Audiencia Nacional documentación sobre los contratos realizados por su antecesora para Fitur con empresas dirigidas por el líder de la trama, Francisco Correa. Además, en enero de 2011, Pablo Nieto Gutiérrez, un concejal del PSOE en Boadilla del Monte (Madrid) presentó otra denuncia contra García-Pelayo, instando a la aclaración de "unos hipotéticos hechos" que coincidían con los remitidos dos años antes por Sánchez Muñoz. Pedreira alegó en su auto que la denuncia estaba formulada "de una forma confusa", y que la acumulación de la querella ante el TSJM "no resulta ajustada a derecho" porque los hechos sucedieron fundamentalmente en Jerez.

La UDEF explica que los hechos se remontan a la última semana de enero de 2004 cuando el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez, bajo la tutela del Ayuntamiento y coincidiendo con la primera etapa como alcaldesa de María José García-Pelayo, adjudicó de forma "irregular" varios contratos a dos sociedades de Correa para el montaje de un pabellón en Fitur y de espectáculo ecuestres y flamencos, por valor de 214.027 euros. Special Events y Down Town Consulting se hicieron "con un contrato negociado sin publicidad para la organización del stand de Jerez en Fitur de 2004 -valorado en 162.806 euros-, de otro para el acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid de un espectáculo ecuestre -por 39.366 euros- y de uno para la celebración de un espectáculo flamenco en el Parque del Retiro, por importe de 11.855 euros".

Los investigadores señalan que los empleados del Grupo Correa, Pablo Crespo, Isabel Jordan y Javier Nombela, efectuaron gestiones para la ejecución de estos eventos, "con anterioridad a que se hubiera establecido y llevado a cabo el procedimiento formal" de contratación por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez.

Tal como recoge Europa Press, las empresas entregaron a este organismo la documentación administrativa cuando "los trabajos ya estaban ejecutados y había transcurrido casi un mes desde su finalización". "De lo que se infiere que el órgano contratante no disponía de documentación alguna al respecto con carácter previo a la ejecución de los trabajos que permitiera llevar a cabo un procedimiento de contratación debidamente reglado", remarca el informe.

Ello lleva a pensar a los investigadores que los contratos firmados entre las partes "no se correspondían a la realidad y sus fechas solo intentaban dar una apariencia de legalidad" al procedimiento. Los agentes también sitúan en un "papel fundamental a Isidro Javier Cuberos, quien fuera jefe de prensa del PP andaluz, quien ejercía de intermediario entre las empresas del Grupo Correa y las personas vinculadas al Ayuntamiento de Jerez". "El llamado Isidro Javier Cuberos canalizó el cobro de su comisión a través de la emisión de una factura por parte de su empresa Cuberos Comunicación SL a nombre de Special Events, por importe de 53.355 euros", detalla el informe.

La UDEF destaca que participó en el procedimiento formal de adjudicación por parte del Instituto de Promoción de la Ciudad de Jerez la actual alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo.

Su nombre figura, en calidad de alcaldesa y presidenta de este Instituto de Promoción y Desarrollo, en los contratos que dieron cobertura a los servicios llevados a cabo con las empresas de Correa. La UDEF precisa que consta su "antefirma y firma" en los documentos, pero "sin embargo su rúbrica es la de otra persona autorizada".

La persona que daba asistencia a García-Pelayo era Manuel Andrés, en su calidad de secretario del Instituto de Jerez, y quien reflejó su "antefirma, firma y rúbrica". El exdiputado del PP y actual vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz Bernardo Villar también "rubricó los contratos", según la información recogida por Europa Press.

Tras conocerse la noticia anoche, la alcaldesa María José García-Pelayo, aseguró en declaraciones a este medio estar "totalmente tranquila" ya que "todo se hizo según los trámites legales". Por ello, recordó que "ya se archivó la denuncia" y "no estoy imputada, el informe ahora sólo señala una posible relación entre Cuberos y Correa". La regidora insistió en que "en Tesorería puede verse lo que pagamos, si hay algún tipo de relación entre otras personas no lo sé, pero nosotros hicimos todo legalmente".

En un comunicado, además, el Ayuntamiento de Jerez quiso aclarar que el Tribunal Superior de Justicia "ya archivó el 30 de mayo de 2011 la denuncia interpuesta por el PSOE contra la alcaldesa, María José García-Pelayo, por el caso Gürtel. En el archivo el juez dispone no admitir a trámite los escritos de denuncia contra María José García-Pelayo, ya que se acreditó que el procedimiento se había tramitado conforme a lo establecido en la ley. De esta manera, la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se centra en personas ajenas al Ayuntamiento de Jerez".

Asimismo, desde el gobierno local hacen hincapié en que "en la propuesta de actuación del informe de la UDEF, del pasado 28 de febrero, en ningún caso se plantean acciones sobre personas vinculadas al Ayuntamiento de Jerez, centrándose en un interrogatorio a una persona que nada tiene que ver con el Consistorio jerezano".

Igualmente, en el comunicado remitido por el Ayuntamiento se "dejar claro que el expediente de contratación de actividades con motivo de Fitur 2004 se tramitó según la legislación vigente". En este sentido, "insistir en que todo lo que firmó desde la Alcaldía se hizo con la rúbrica del interventor y del secretario del Ayuntamiento, cumpliéndose los trámites legales y con la consignación presupuestaria correspondiente, figurando todos los pagos en la contabilidad de las cuentas municipales".

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