Los tres juzgados de lo Penal de la ciudad pueden alcanzar casa uno la cifra de los seiscientos asuntos a finales de este año, una cifra que supera con creces el módulo establecido por el Consejo General del Poder Judicial para un órgano unipersonal de este tipo, que llega a los 450 procedimientos. Hay que tener en cuenta que por ejemplo, en el Juzgado de lo Penal 2, del que es titular el decano de los jueces, llegó a los 150 asuntos en el primer trimestre del año, como apuntó el mismo Juan José Parra.

De esos números se desprende el volumen de trabajo que se maneja en este tipo de juzgados que además deben de atender las ejecutorias, es decir, todos aquellos trámites que garantizan que se está cumpliendo o va a cumplir con la sentencia dictada con respecto a un procedimiento que se puede remontar a años atrás. Es quizás lo más complicado a la hora de trabajar porque requiere múltiple esfuerzo. Las ejecutorias además pueden corresponder a casos a años atrás y comienzan una vez se dicta la sentencia tras la celebración del juicio. Una ejecutoria puede conllevar desde la comprobación de anteriores antecedentes penales para ver si se concede o no una libertad condicional ; a la acreditación de una toxicomanía, motivo por el que también se puede llegar a suspender una pena o un informe médico de una enfermedad mental, motivo también de esa suspensión. No obstante, algunas ejecutorias complejas pueden conllevar además que se pida a la Agencia Tributaria una averiguación de bienes en caso de que alguien alegue que no puede indemnizar a una persona o cumplir con la responsabilidad civil. Esto puede suponer hasta un embargo. Algunas ejecutorias se pueden dilatar además por la petición de un indulto. Las ejecutorias pueden estar "años controlándose", como recalca Parra, quien ve con buenos ojos un aumento de plantilla de funcionarios para los Penales de la ciudad, la inclusión de refuerzos o el impulso definitivo del nuevo modelo de oficina judicial por el que apuesta la Administración.

La atención se ha puesto en los juzgados de lo Penal tras la sanción al juez Rafael Tirado por una falta muy grave que no vigiló la ejecución de una sentencia que condenaba por abusos a su hija al detenido por la muerte de la niña Mari Luz Cortés, Santiago del Valle. Para Ignacio Vergara, decano de los abogados, "esto demuestra el mal funcionamiento de la Administración de Justicia, que necesita una reforma integral. No es un caso aislado, sino que desgraciadamente habrá muchos casos similares. No es cuestión de cargar contra una persona".