La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló la subida del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) aprobada por el gobierno municipal en 2017 ha conllevado más consecuencias de la lógica reducción de la recaudación por este tributo en los próximos años. También ha provocado como ‘daño colateral’ que el gobierno local haya tenido que anular el procedimiento de contratación de una empresa para que investigue fraudes en la declaración de este tributo que grava a las sociedades que facturan más de un millón de euros tras los informes técnicos que alertan de que el precio base de la licitación ya no está en consonancia con los ingresos por esta vía fiscal.

El motivo es que, al ejecutarse el fallo que anula la subida, y salvo que en los próximos meses el ejecutivo tramite una nueva modificación de las ordenanzas fiscales, en 2021 tendrá que aplicar los coeficientes de situación del negocio para el cálculo de este impuesto que estaban vigentes hasta 2017 (entre un 26 y un 33% inferiores). Al ser menor la recaudación, esto afecta al presupuesto base de esta contratación, de ahí que los técnicos municipales propusieran el desistimiento del procedimiento de adjudicación, una decisión que adoptó el ejecutivo a mediados del pasado mes. En ese momento, la fase de presentación de ofertas había concluido aproximadamente un mes antes, aunque no ha trascendido el número de empresas que habían concurrido. Este medio preguntó al ejecutivo si convocará una nueva licitación a corto plazo, sin obtener respuesta.

La subida del Impuesto de Actividades Económicas que entró en vigor en 2018 fue tumbada tras un recurso presentado por una importante firma comercial presente en la ciudad. En 2019, el Juzgado de lo Contencioso anuló la liquidación de este tributo que se le giró a la compañía al determinar que la modificación de la ordenanza fiscal no había sido suficientemente justificada. Ahora bien, no entró a valorar la anulación de la ordenanza, tal y como también pedía la recurrente, ya que esta decisión no entra en el ámbito jurisdiccional de este juzgado. Sin embargo, el ejecutivo decidió recurrir ante el TSJA, un tribunal que sí tiene competencia para analizar este tipo de modificaciones fiscales. El alto tribunal andaluz no solo ratificó el falló del Contencioso, sino que también anuló la modificación de la ordenanza por no estar suficientemente motivada.

Ahora bien, días después de que este periódico hiciera pública la sentencia, el gobierno insistió en que esta únicamente obliga al Ayuntamiento a devolver los importes cobrados de más a la recurrente y que será a partir del año próximo cuando esté obligado a aplicar de nuevo los coeficientes anteriores. De hecho, se apuntó que al resto de empresas afectadas por la subida se le acabó el plazo de alegaciones el pasado 16 de junio.

La sentencia del TSJA data del mes de marzo; aunque no adquirió firmeza hasta principios de mayo una vez que el Ayuntamiento rehusó a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, en ese momento ya había iniciado el procedimiento para contratar a una empresa que se encargue de investigar fraudes en el IAE ya que el Ayuntamiento asegura que no cuenta con los recursos suficientes para esta tarea.

A finales de junio, una vez cerrado el proceso de presentación de ofertas, se reunió la mesa de contratación para analizar los efectos de la sentencia del TSJA sobre la licitación. En ese momento, se encargó un informe al director de servicios tributarios del Ayuntamiento que alertó semanas más tarde de que, al anularse el incremento tributario, la recaudación sería inferior en los siguientes ejercicios y, por ende, los cálculos realizados para establecer el precio de la licitación ya no son los correctos.

Tras conocerse esta opinión, la mesa de contratación volvió a reunirse para proponer el desistimiento del proceso de adjudicación. Días más tarde, la junta de gobierno oficializó esta decisión.