La mayoría con la que cuenta el gobierno local bastó para rechazar la propuesta de paralizar el procedimiento ya que entiende que no se cumplen ninguno de los requisitos que exige la Ley para dejar sin validez un acuerdo de pleno. La sesión de ayer contaba con dos puntos. El primero de ellos era una propuesta de la oposición para revisar de oficio el acuerdo del 2 de marzo de 2012 donde se aprobó el cambio de modelo de gestión del agua. Y el segundo, relacionado por el primero, era que la Junta de Gobierno Local tomara las medidas para suspender el procedimiento de contratación.

Como era de esperar, ambos fueron rechazados gracias a la sobrada mayoría que el PP tiene en la corporación municipal. Y para justificar su decisión, el portavoz municipal se basó en un informe jurídico realizado para la ocasión donde se sostiene que no se cumplen ninguno de los requisitos que establece la ley para declarar nulo el procedimiento de privatización de la gestión del agua. Así, se indica que no se lesionan derechos constitucionales, no suponen una infracción penal y se ha cumplido con el procedimiento legal establecido.

Por lo tanto, continúa adelante el procedimiento para adjudicar la gestión del agua a la UTE conformada por dos filiales del grupo FCC. En estos días, los servicios municipales están analizado la propuesta económica presentada por las sociedades Aqualia y Traina para determinar si cumple o no con lo establecido en el pliego de condiciones que rige el procedimiento. Hasta el momento se ha sabido que la empresa plantea pagar una concesión de 80,1 millones de euros y se compromete a realizar inversiones en la red por valor de un millón de euros anuales.

Las previsiones son que la próxima semana se reúna la mesa de contratación para adoptar una decisión al respecto. Si su informe es favorable, la propuesta de adjudicación se llevará a la Junta de Gobierno Local para que la apruebe. Está previsto que el contrato con FCC se firme el 20 de marzo.