ERA cuestión de tiempo. La justicia, en esta nuestra España, hace aguas. Mari Luz, esa niña muerta en manos de un presunto inocente, ha sido una gota en el mar donde la encontraron. La justicia deja de ser justa cuando llega una muerte que podía haberse evitado. La justicia, en esta nuestra España, es una alcantarilla atascada, una cloaca, una inmundicia hasta para las ratas. Los terroristas salen de las cárceles por huelgas de hambre. Los criminales, bajo la aureola de la presunción de inocencia y a golpe de talón con las fianzas, se llevan años en libertad antes de ingresar en prisión. Los delitos prescriben bajo la impunidad más vergonzante. Los asesinos, los violadores y los traficantes pululan a sus anchas por los pueblos y ciudades después de cumplir sus penas, aunque confiesen en público, como hacen a veces, su voluntad de volver a delinquir.

Hace tiempo que los políticos debieron legislar para endurecer las penas, reformar la política penitenciaria y librarnos de las máscaras y complejos de la Europa pusilánime y democrática que dignifica un sistema de reinserción de delincuentes, también de aquellos que son un peligro conocido, presente, constatable. En el fondo, Mari Luz ha sido un daño colateral de la justicia. Bush diría algo así, si no estuviera a favor de la pena de muerte y la cadena perpetua, o si la muerte hubiera sucedido en Irak. Lo cierto es que hay personas, como el presunto de Mari Luz, que, si se suicidaran o sufrieran un accidente fortuito en las dependencias penitenciarias, la sociedad no las echaría en falta y la Humanidad triunfaría, y merecerían, por tributo a su muerte repentina, un día festivo nacional. Si se acabara el conflicto vasco, los mercenarios de ETA podrían recolocarse como agentes de Estado, para borrar del mapa a los animales de esa clase, no sin antes recibir un curso intensivo del servicio de inteligencia israelí, de asesinatos selectivos, para hacerlo bien, con pulcritud y elegancia, de disparo seco.

Una sola muerte es suficiente para poner, desde una perspectiva ética, en tela de juicio cualquier sistema. Sucede, además, que no ha sido la primera ni será la última, y que el juez Tirado, esa persona a quien acusan y lapidan los políticos por no haber encerrado a tiempo al asesino, no es más que un peón de ajedrez, un Dreyfus de Zola pero en la España más corrupta y demagógica de la historia reciente, un inmolado a la fuerza que sirve para ocultar la ineptitud y mezquindad de los políticos y las carencias y las miserias de sus leyes. De haber tenido a su disposición medios técnicos y humanos, de haberse dotado económicamente a la justicia, el juez Tirado hubiera cumplido su cometido.

Basta ya de barrer para fuera, de enterrar vivo a un juez para no mostrar esa incapacidad política y endémica de entonar el mea culpa, de no responsabilizarse de sus actos y omisiones. Basta ya de hipocresía, de falsedades y farsas de golpe en pecho ante las muertes. Cansan fatalmente. Los políticos son la peor gangrena de este país. De haber funcionado la justicia, esas leyes que supuestamente nos protegen y que los políticos han elegido para nosotros, el asesino de Mari Luz hubiera estado en la calle a los dos años y nueve meses. Mari Luz volvería a la vida y nacería otra niña muerta con otro nombre. Los políticos han cometido un delito de lesa Humanidad. Porque no sólo el presunto inocente encariñado de su hija ha matado a Mari Luz. A Mari Luz la han matado los políticos.