La vida de Laura Cruzado Moreno se apagó el pasado viernes. Apareció sin vida a las puertas del albergue municipal, después de que supuestamente dos jóvenes la dejaran en la calle ya muerta. La familia de la joven de 20 años ha callado. Hasta ahora. Su madre, Concepción Moreno, alza la voz para responder a comentarios, denunciar un sistema sanitario que “abandona” al ciudadano y criticar que “se utilice la muerte de mi hija con fines políticos”.

“Todo está bajo secreto de sumario. Desde aquí agradecer cómo me han tratado tanto la Policía Local, la Nacional, los sanitarios y el celador del albergue. Eso sí, es vergonzoso que tanto el PSOE como el PP utilicen a mi hija para tirarse los trastos. Además, ninguno se ha puesto en contacto conmigo, no me ha dado apoyo ninguno de los dos”, declara Concepción.

“La muerte de mi hija es consecuencia de muchas cosas. Es una barbaridad que el Servicio Andaluz de Salud mantenga el centro de tratamiento de adicciones desvinculado de los equipos de salud mental, como si fueran problemas independientes, cuando en realidad van cogidos de la mano. Mi hija no estaba ni deteriorada, ni abandonada, ni vivía en la calle ni era indigente, ni aparentaba más edad. No era cuestión de marginalidad. Todo lo contrario. Mi hija pesaba 60 kilos y tenía una cara preciosa”, subraya la madre.

Laura pasó por muchos centros de desintoxicación para curar su adicción, el último “ha sido un centro maravilloso en Arcos. Tenía salidas cada 15 días y su familia y yo organizábamos sus salidas con detalle”. El domingo anterior a su muerte, la joven estuvo desayunando en un bar con su madre, pero el lunes “le entró una crisis, porque esto es muy difícil, llevaba dos meses y medio totalmente limpia”. “Mi hija sale con una alta voluntaria como caballo desbocado y vuelve al consumo. Pero se dio cuenta del fallo y contactó conmigo dos días antes de morir porque quería volver al centro”, relata Concepción.

La madre añade que su hija con 13 años comenzó a consumir cannabis, lo que derivó en problemas de comportamiento y el consiguiente ingreso en dos centros de menores. En el segundo de ellos (en el primero la familia dice que tuvo buen trato) "salió totalmente empastillada hasta las cejas por prescripción facultativa (ya había cumplido los 18 años). Yo no podía mantener con ella una conversación en condiciones, porque tratan con pastillazos los temas de comportamiento”, denuncia. “Le dan el alta siendo mayor de edad y decide vivir por su cuenta gracias a que percibe un subsidio de reinserción de unos 450 euros que puede utilizar a su antojo. Algo que es increíble si tenemos en cuenta de que se trata de una persona que entró con una adicción al cannabis y ahora se le suma una adicción a las pastillas”, critica la madre.

Concepción rechaza que relacionen a su hija con una familia desestructurada: “Tenía a su madre, que soy enfermera, tenía una hermana, tenía a mucha gente que la quería. Siempre he estado ahí. Para meterla en un centro público de desintoxicación la espera es infinita. El sistema falla señores. Como el sistema no dispone de centros de internamiento suficientes y con agilidad de ingreso, mi hija pasó por centros que son una auténtica estafa”, denuncia Concepción.

La madre de Laura alerta de que la salud de su hija empeoró en estos centros “que se enfundan como ONG y fundaciones sin ánimo de lucro, pero que exigen una mensualidad muy alta, de 450 euros”. Tras episodios muy difíciles vividos por la joven jerezana en estos centros, según cuenta Concepción, la familia no quiso denunciar nada por “miedo a represalias, pero ya está muerta”. “En estos centros se consume, porque mi hija ha dado positivo al salir de allí. Incluso ha tenido que cambiar pañales a una persona mayor porque aquí van las personas que están esperando plazas en otros centros, no tienen por qué tener adicciones”, alerta Moreno.

Concepción señala que después Laura estuvo en otro centro terapéutico en Jerez, en el que le cobraban 2.550 euros al mes: “No le pusieron tratamiento médico ninguno. Cuando mi niña recae y entra sólo la ve un monitor. Al día siguiente del ingreso, en pleno síndrome de abstinencia y sin haber recibido atención médica, pide el alta voluntaria y se la dan. Por ese corto período me cobran una mensualidad completa y tampoco la readmiten porque dicen que su atención es complicada. Este centro está denunciado".

"Esto es un problema sociosanitario muy grave. No centremos ahora la cosa en si los jóvenes que la dejan son de origen magrebí o no. ¿Qué importa eso? No creamos conflictos donde no los hay. Mi hija era una niña normal, de una familia normal, pero era adicta. El sistema necesita una transformación urgente que garantice la eficacia y la dignificación del tratamiento", reclama Concepción.