El Ayuntamiento no cumplió durante el pasado 2010 el plan de pagos pactado hace cuatro años con la UTE FCC y Serviobras por la deuda de la faraónica remodelación del circuito y de nuevo un juez ha dictado un auto en el que ordena embargar bienes de Cirjesa -la empresa pública que gestiona el trazado jerezano- por valor de alrededor de 17 millones de euros más intereses de demora. En dicho auto, que ha llegado al Consistorio jerezano hace unos días, el magistrado pide que se ejecute la demanda dineraria que pasa por el embargo, según ha denunciado el Partido Popular a este medio y han corroborado fuentes municipales, de los terrenos aledaños al trazado (unos 1,2 millones de metros), que cambiaron su uso de sistema general público en suelo no urbanizable a sistema general privado con usos terciarios, hoteleros y comerciales.

De este modo, cuatro años después de que el gobierno local salvara 'in extremis' la primera orden judicial de embargo del circuito para enjugar la deuda por la remodelación del trazado jerezano, la historia vuelve a repetirse. Tras concretarse el desembarco de capital de la Junta de Andalucía en Cirjesa y de cubrirse en torno al 50% (unos 25 millones) de la deuda con la UTE que remodeló las instalaciones, el incumplimiento de las obligaciones de pago pactadas durante el último año (un pago de aproximadamente 2,5 millones) ha desembocado en esta nueva situación límite para el circuito de Jerez. Ya a finales de diciembre pasado, la acreedora anunció al consejo de Cirjesa que había informado al Juzgado del incumplimiento del calendario de pagos y que el límite para cumplir con lo acordado era el 31 de diciembre. En ese momento, el Ayuntamiento afirmó que trataba de cerrar un nuevo acuerdo de pago adaptado al momento de crisis y asfixia económica que padece, aunque a la vista del auto dictado por el juez parece que las gestiones no han dado los frutos esperados. No obstante, según informaron ayer fuentes del gobierno municipal a este medio, hoy mismo está previsto un encuentro a tres bandas -gobierno local, Junta y FCC- en Sevilla para tratar de renegociar el calendario de pago (que concluía en 2016) y flexibilizar las condiciones económicas para enjugar la deuda ante la asfixia económica del Consistorio.

A raíz de esta nueva orden de embargo, el PP también solicitara hoy la convocatoria urgente del consejo de administración de la empresa pública porque "de nuevo está en juego el futuro de unas instalaciones que el PSOE supuestamente dijo que ya no corrían peligro, que habían sido los salvadores". Del mismo modo, desde la formación popular en Jerez se reclamó a la Junta de Andalucía a que "ahora más que nunca dé la cara porque el Ayuntamiento ha soportado durante muchos años en solitario el alto coste de un circuito del que se ha beneficiado toda la comunidad autónoma y, obviamente, la provincia sin que Jerez haya visto nada a cambio".

Por su parte, desde el gobierno municipal recordaron que "ha sido el PSOE el que ha logrado dar una solución definitiva a los problemas del circuito, ya que la deuda con FCC parte de 2002 y es obra de Pacheco, y el PP no fue capaz de hacer nada por solucionarla, no pagó ni un euro". "Es cierto que no pudimos cumplir con el plan de pagos en 2010 pero ahora vamos a renegociarlo para que se adapte a la actual coyuntura económica", zanjaron. El problema puntual de liquidez en Cirjesa no significa que la sociedad pública vuelva a encontrarse ante la causa de disolución ya que "a nivel patrimonial está saneada tras la entrada de la Junta", han señalado fuentes de Cirjesa.