Hoy cumple cinco días, cerca de un centenar de horas bajo un sol asfixiante y la fría noche. Antonia Castro, la madre vehemente que arrastra la muerte de su hijo como una cruz a cuestas, con su inseparable luto, no se da por vencida. Y promete no olvidar después de doce años y medio de dolor.

Ahora ha vuelto a la gasolinera donde fue asesinado su hijo Juan. Desde el pasado Primero de Mayo, Antonia permanece en huelga de hambre en los aledaños de la estación de servicio. Allí está, día y noche, resguardada por las sombrillas y mantas. Reclama una indemnización que, por extraño que parezca, aún no ha percibido por el crimen de Juan. La familia Holgado siempre mantuvo que la gasolinera y la petrolera Campsa Red no disponían de las medidas de seguridad adecuadas que hubieran evitado la pérdida de Juan. Era, por tanto, tan culpable como sus asesinos. A Juan se lo llevaron más de treinta puñaladas y, desde entonces, los Holgado no han parado aquí y allá en reclamar justicia. Sin éxito.

Antonia tiene 61 años pero todo este calvario le ha envejecido hasta parecer la madre de ella misma. Una huelga de hambre podría agravar su delicada salud, aunque dice que que "si tiene que morir, prefiero hacerlo aquí, donde murió Juan". Se ayuda sólo de agua y 'Aquarius' y no utiliza glucosa, ya que la medicación a la que está sometida se lo impide. Allí, a unos metros de donde murió Juan, con carteles en castellano e inglés, recibe a todo el que quiera solidarizarse en su lucha. "Muchos se acercan -declaraba ayer a este periódico-, preguntan si estamos recogiendo firmas o, simplemente, me saludan y trasmiten ánimo. Más de un turista también se ha interesado". Ayer recibió la visita de dirigentes del PP local, gentes del mundo vecinal, amigos y familiares. También ha estado junto a Antonia su exmarido, Francisco Holgado, otra persona que ahora es una sombra de lo que fue.

La batalla que los Holgado mantienen con Campsa Red es antigua. Cuando en 2003 se cerró la instrucción, Campsa Red dejó de estar imputada. Sin embargo, Antonia guarda un documento privado en el que la firma petrolera le ofrece una indemnización (al parecer, unos 18 millones de pesetas) y por la que también obligaba a Antonia y a sus hijos a desistir de cualquier acción judicial o protesta futura contra la compañía. Este documento fue conocido en 2007 por el propio Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que le aconsejó a Antonia "que no firmase bajo ninguna circunstancia". La familia así lo hizo. Antonia aguardaba ayer noticias de un amigo sindicalista que se ha prestado a dialogar en Madrid con Campsa Red. Caso de un arreglo, está dispuesta a abandonar la protesta.