Los trabajadores de la Real Escuela de Arte Ecuestre han vuelto a concentrarse este a las puertas de su sede en el Recreo de las Cadenas para reclamar a la Junta de Andalucía el pago de los atrasos, unos 800.000 euros de la aplicación del descuelgue salarial pactado para el bienio 2013-2014, pero que el Gobierno andaluz extendió hasta 2017. El Juzgado de lo Social dio la razón a los trabajadores en una sentencia emitida en abril de 2017, finalmente ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) días atrás.

Precisamente, tras reconocer la existencia de la deuda con la plantilla, el vicepresidente andaluz y consejero de Turismo, Juan Marín, manifestó en una visita reciente a la institución ecuestre su “compromiso” de realizar el pago una vez se pronunciase el TSJA. “Ahora la decisión judicial está entre si es una demanda colectiva o individual y en el momento que se resuelva se le abonarán esos atrasos. El plazo lo establece el TSJA, cuando ellos decidan, nosotros iniciaremos las gestiones para el pago”, señaló Marín.

El presidente del comité de empresa, Joaquín Vázquez, ha explicado que el TSJA notificó el lunes su decisión, por la que declara la sentencia firme y se inclina por la demanda individual, por lo que reclama su ejecución inmediata.

Ante la falta de respuesta de la Junta, que según Vázquez, pidió una semana de margen y han pasado cerca de dos, los trabajadores decidieron retomar hoy las movilizaciones, que suspendieron como gesto de buena voluntad. El jueves tienen previsto volver a concentrarse y, de mantenerse el silencio del Gobierno andaluz, el lunes votarán en asamblea ampliar el calendario de movilizaciones para exigir la ejecución de la sentencia.

Los trabajadores emprendieron las movilizaciones el pasado 19 de febrero y la de hoy ha sido la cuarta concentración ante las puertas de la Real Escuela.

El presidente del comité ha anunciado que, de persistir el silencio de la Junta, a cuyo vicepresidente han solicitado una reunión, no se descarta endurecer las movilizaciones y emprender nuevas acciones ante el Cemac y los tribunales para reclamar el pago de las cantidades a las que renunciaron para evitar despidos en la institución a raíz de la crisis. A finales de 2012 se firmó el acuerdo por el que los trabajadores renunciaban a parte de sus salarios –el porcentaje varía en función de la categoría– y propiciar un ahorro de 350.000 euros al año en los ejercicios de 2013 y 2014 para “echar una mano a la empresa”.

Cumplido el plazo estipulado, la empresa decidió unilateralmente mantener el descuelgue salarial, que prolongó hasta 2017, ya que los trabajadores –la Real Escuela cuenta con una plantilla de 86 personas– comenzaron nuevamente a cobrar su salario completo el año pasado.