Coronavirus en Jerez La Policía Local ya ha interpuesto 1.580 denuncias por incumplir normas anti-Covid

  • Cierran un pub de la avenida por exceder aforo en una fiesta animada por un DJ

Un momento de la Mesa Técnica de Seguridad. Un momento de la Mesa Técnica de Seguridad.

Un momento de la Mesa Técnica de Seguridad.

El delegado de Movilidad y Seguridad, Rubén Pérez, presidió ayer la reunión de la Mesa Técnica de Seguridad donde, entre otros asuntos abordados, se ha ofrecido un balance de intervenciones policiales por infracciones del estado de alarma y posteriores normativas de prevención de la Covid-19. A la reunión han asistido mandos de Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, y representantes de las Federaciones Locales de Asociaciones de Vecinos, Solidaridad y La Plazoleta 2.0, y de las asociaciones de comerciantes Acoje y Adecosur.

Durante la sesión, la Policía Local ha ofrecido datos de intervenciones realizadas desde el inicio del estado de alarma hasta la fecha actual, periodo en el que se han registrado 1.580 denuncias por infracciones relacionadas con el estado de alarma y normativas posteriores (como pueden ser no llevar mascarilla o incumplimientos varios en establecimientos y locales).

Además, se han realizado un total de 342 detenciones, 151 denuncias por ejercer la mendicidad y 46 actuaciones por venta ambulante.

Concentración de jóvenes

También se ha informado que durante el fin de semana se han denunciado a 105 personas por no usar mascarilla y a 10 personas por consumo de bebida en la vía pública; la mayoría de estas intervenciones se han producido en aquellas zonas más frecuentadas por jóvenes, en las que desde este fin de semana se está reforzando la vigilancia y el control policial, al objeto de evitar aglomeraciones así como infracciones de la normativa de prevención e higiene.

En este sentido, Rubén Pérez ha destacado que “la vigilancia de la ‘ruta antibotellón’ está dando buenos resultados”, y que los lugares que han sido objeto de estos controles han sido principalmente el parque González Hontoria, el parque La Marquesa, el Pinar, Pozoalbero, el parque Picadueñas o la Laguna de Torrox, entre otras.

Entre otros asuntos, se ha avanzado también a la Mesa de que se está ultimando un dispositivo especial conjuntamente con Policía Nacional con motivo de la celebración de Halloween, igualmente para evitar concentraciones de personas en lugares determinados.

Por último, durante la sesión se ha informado sobre la actuación de desalojo de un local de ocio situado en la avenida Álvaro Domecq, que tuvo lugar el pasado sábado en el marco de la campaña de intensificación de la vigilancia y control del uso obligatorio de mascarillas y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente a la Covid-19.

La acción se produjo después de comprobar cómo en el establecimiento se estaba celebrando una fiesta amenizada por un DJ sin autorización y sin cumplir la normativa Covid.

En este sentido, los agentes observaron una gran afluencia de público agolpadas fuera de los veladores, la mayoría de ellos, sin hacer uso de la preceptiva mascarilla higiénicas, además de incumplir las medidas mínimas de distanciamiento personal.

En el momento de la inspección, el establecimiento registraba un total de 132 clientes y 8 empleados, siendo el aforo permitido según la licencia de 68 personas, (con la limitación actual del 75% del mismo quedaba reducido a 51).

Tras cumplimentar la pertinente acta de denuncia, y comprobar que esta actividad pudiera suponer un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población, los agentes procedieron al desalojo de todas las personas congregadas y al cierre cautelar del establecimiento.

El Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía ante el COVID-19, establece sanciones para las infracciones muy graves que oscilan desde 60.001 hasta 600.000 euros, sin perjuicio de las posibles sanciones accesorias, del cierre temporal o la prohibición de realizar la actividad, durante el plazo máximo de 5 años.

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