El PP jerezano ha solicitado al gobierno municipal que le permita consultar el expediente completo de la adjudicación a la empresa Akanz Partners, perteneciente a una ex parlamentaria socialista de la Asamblea de Madrid, para que rediseñe el proyecto de Centro Tecnológico del Motor que se proyecta junto al Circuito de Velocidad.

El edil de la formación Jaime Espinar señala que la alcaldesa, Mamen Sánchez, tiene que explicar este contrato aprobado en una junta local de gobierno celebrada la pasada semana a “una empresa cuyos únicos cargos conocidos son dos dirigentes del PSOE”. Así, además de la administradora única de la sociedad, Paz Martín, este grupo político hace mención de Candela Mora, que ocupó altos cargos de la Junta durante la etapa socialista.

Según el dirigente del PP, “cuantos más datos se van conociendo, más escandaloso es”. Por ello, Espinar le urge al ejecutivo a “aportar el expediente completo” y a que explique “por qué contrata directamente a una empresa de Madrid en lugar de a consultoras jerezanas o a la propia plantilla municipal”.

Asimismo, recuerda que “no es la primera vez” que ayuntamientos del PSOE “adjudican contratos a esta empresa, curiosamente por escasos euros menos que el máximo legal permitido para este tipo de contratos menores”.

Tras este comunicado, el ejecutivo volvió a defender el procedimiento de adjudicación seguido señalando que este se ha desarrollado “con todas las garantías y ajustándose plenamente a la legalidad”. Así, considera que las acusaciones del PP solo consiguen “señalar a trabajadores públicos que basan sus decisiones exclusivamente en criterios técnicos, en procesos perfectamente ajustados a la Ley donde se prima la oferta económica más baja”.

Por ello, reta al PP a que “formule la denuncia que entienda oportuna, cosa que no hará porque es consciente de la inconsistencia de sus acusaciones, de sus mentiras y su manipulación”. Acto seguido dijo que los técnicos municipales que participan en estos procesos “no conocen ni deben conocer la filiación política, ni sindical, ni la raza, ni la orientación  sexual de quienes presentan ofertas”. “En ningún caso, con la Ley en la mano, en un procedimiento de contratación pública se puede valorar la filiación política de los propietarios de las empresas que concurren, lo que plantea el PP es absolutamente inconstitucional”, añade el ejecutivo.

Pero en sus críticas va más allá y acusa a esta formación: “Habría que preguntarle al PP de Jerez si esto conllevaría la reversión de otros contratos de servicios o suministros que actualmente mantiene el Ayuntamiento con empresas de familiares o militantes del PP y que se hicieron mientras el PP gobernaba”. Entre los contratos que cuestiona ahora el gobierno cita el suministro de neumáticos del Circuito, que está en manos de una empresa de la familia del alcalde de La Barca, Alejandro López.