Es ya febrero y el Ayuntamiento aún no ha aprobado el presupuesto municipal de este ejercicio, una situación inusual en las finanzas locales, circunstancia a la que se ha añadido que no fue hasta la pasada semana cuando se aprobaron las cuentas con la liquidación de 2012. Este retraso fue justificado por el delegado de Economía, Enrique Espinosa, en la sobrecarga de trabajo de los departamentos responsables de la contabilidad municipal provocada por la ampliación de una línea de crédito para pagar facturas a proveedores. Sin embargo, la alcaldesa, María José García-Pelayo, aportó ayer un nuevo motivo, y de peso, que explica por qué aún no se ha podido cerrar ningún borrador.

García-Pelayo mencionó que se está buscando la "fórmula" para poder encajar en las cuentas la parte correspondiente a la devolución de los dos préstamos que se acogió el Ayuntamiento en 2012 y 2013 para liquidar deuda comercial, cuya cuantía total supera los 400 millones de euros y que deben devolverse en 10 años. Para este ejercicio, y aunque no hay cifras oficiales, las cuotas a pagar podrían rondar los 45 millones de euros, según estimaciones realizadas por este periódico, aproximadamente un 20% del total del gasto municipal.

Los dos préstamos, tal y como estaban acordados por el Ministerio de Hacienda, establecen que las devoluciones deben realizarse en una década pero los dos primeros años de vida son de carencia (solo se pagan intereses). De este modo, a mediados de este año se cumple este periodo para el primero de los suscritos, precisamente el de mayor cuantía -unos 350 millones de euros aproximadamente-. Además, se da la circunstancia de que el Consistorio no ha podido hacer frente a ninguna de las devoluciones en anteriores ejercicios por lo que el adeudo supera ya los 15 millones de euros, aunque esto no imposibilitó que se suscribiera a finales del año pasado otro préstamo similar por importe de 41,8 millones de euros.

La alcaldesa dijo ayer que el presupuesto municipal está prácticamente cerrado en el apartado correspondiente a los gastos de cada una de las delegaciones pero que todo está condicionado a las devoluciones de estos créditos (llamados préstamos ICO ya que fueron gestionados por el Instituto de Crédito Oficial). García-Pelayo indicó que se está trabajando para poder cerrar unas "cantidades que podamos asumir". El gobierno local lleva meses apuntando que, junto con otros ayuntamientos, se está reclamando al Ministerio de Hacienda que flexibilice las condiciones de estos préstamos, ampliándose el plazo de amortización y, con ello, disminuir las cuotas anuales para aminorar el notable impacto que tienen sobre las cuentas. "Bajar el ICO supondrá poder afrontar otras deudas", advirtió la primera edil.

En el presupuesto de este año se incluirá también como ingreso extraordinario los 40 millones de euros que transferirá la empresa Aquajerez por la segunda parte del pago por la concesión del ciclo integral del agua. De estos, se tiene previsto que unos 20 millones se destinen a pagar deuda bancaria. También se contempla hacer frente a estos préstamos con parte del dinero que retiene el Ministerio de Hacienda de los ingresos estatales.