El principal grupo de acreedores de Fivesur, más de una treintena de proveedores agrupados bajo un mismo representante legal y a los que la empresa adeuda entre 2,5 y 3 millones de euros (más del 10% de la deuda total reconocida), decidieron ayer convocar el concurso de acreedores -antigua suspensión de pagos- ante los reiterados impagos de la constructora jerezana.

Tras el vencimiento de los pagarés con fecha de 31 de marzo, que devolvieron los bancos por falta de fondos, este grupo de afectados acordó dar una semana de margen a los nuevos propietarios de Fivesur (Saba Serveis) para empezar a hacer frente a la deuda sin más demora, plazo que, según explicó el abogado de los afectados, Adriano de Ory, cumplió ayer sin que la empresa diera "señales de vida".

De Ory recibió ayer mismo la aprobación, por unanimidad, de una treintena de sus representados para iniciar el proceso concursal, al que posiblemente dará curso a finales de esta semana, principios de la siguiente, una vez reúna la abundante documentación que se requiere para este tipo de procedimientos.

Tras la presentación de la demanda, Fivesur dispondrá de cinco días para responder y/o aportar la documentación que estime oportuna antes de que el juez decida si admite a trámite o no la solicitud, que en los casos en los que la plantean los acreedores se denomina concurso necesario e implica muchas más restricciones para la empresa concursada.

En caso de que el juez vez justificado el inicio del proceso, se procede a detallar la relación de acreedores -según los datos en poder de los nuevos propietarios, cuando adquirieron la empresa a principios de marzo la empresa adeudaba 21 millones de euros a 480 proveedores directos y otros 3 millones de euros a distintas entidades bancarias- y la masa de bienes -según fuentes próximas a la empresa, patrimonio y maquinaria suman 3 millones de euros, mientras que hay 5 millones más pendientes de cobro-, para luego buscar una solución, ya sea a través del convenio o de la liquidación.

Aunque el concurso de acreedores prevé plazos relativamente cortos para la resolución de este tipo de conflictos, De Ory indicó que el único juzgado (Mercantil número 1 de Cádiz) con competencias en la materia está actualmente saturado por la proliferación en los últimos tiempos de casos, la inmensa mayoría de empresas del sector de la construcción.

El abogado del principal grupo de acreedores justificó la decisión de sus representados, ya que "no nos han dejado otra salida". "Llevan mes y medio retrasando el concurso con promesas y la única forma de frenarlo es que, antes de presentar la demanda, vengan con algo muy tangible, con dinero en la mano, para que los acreedores renuncien al concurso", apostilló.