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Justicia/Jerez

Los procuradores rechazan el decreto que les obliga a trabajar este agosto

  • Aseguran que esta medida no aliviaría el colapso de la justicia y exigen más medios ante el Covid-19

Imagen de los juzgados de García-Figueras. Imagen de los juzgados de García-Figueras.

Imagen de los juzgados de García-Figueras. / Manuel Aranda (Jerez)

El Colegio de Procuradores de los Tribunales de Jerez ha mostrado sus quejas ante las medidas tomadas por el Gobierno central por medio del Real Decreto-Ley (RDL) 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, destacando la habilitación del mes de agosto y la falta de medidas de protección de la salud de los profesionales. Con tal motivo, los procuradores han decidido posicionarse ante dicho RDL y emprender acciones.

Desde el Colegio apuntan que ante un presumible aumento de asuntos que se presentarán ante las oficinas judiciales, “habilitar parte de agosto para descongestionar en apenas unos días un colapso endémico, con vistas judiciales que presumiblemente serán suspendidas por ausencia de clientes, testigos, peritos y demás intervinientes por motivos justificados, provocarán nuevos señalamientos y retrasos”.

Aseguran además que la habilitación del mes de agosto produce un “agravio comparativo entre los procuradores y abogados y el resto de operadores jurídicos, impidiendo el disfrute del periodo anual de vacaciones y conciliación familiar que este RDL cercena, que afectará sin duda a la salud, a causa de 21 meses sin descanso, de agosto de 2019 hasta agosto de 2021”.

Asimismo, destacan que dicho decreto “no ha tenido en cuenta las observaciones del Consejo General de los Procuradores de España en su trámite de alegaciones, por lo que ha sido una decisión precipitada y unilateral. La situación de colapso de la Administración de Justicia no tiene su origen en la actual crisis sanitaria sino en la necesidad de medios materiales y humanos, que queda evidenciada en la imposibilidad del teletrabajo para la inmensa mayoría de los funcionarios. Los procuradores como colaboradores de la Administración de Justicia han sido el primer colectivo en adaptarse al sistema telemático y constatan la falta de medios de la Administración”.

Respecto a la protección de la salud apuntan que no se indican “medidas reales referidas a las vistas judiciales. Las instalaciones son obsoletas y hacen imposible cumplir con el distanciamiento social en las salas de espera y tampoco se garantiza la higiene en las salas de vistas y en su mobiliario. El Real Decreto-Ley exime del uso de la toga pero eso no nos dará protección efectiva suficiente frente al Covid. Las medidas sanitarias para protegernos son en todo caso insuficientes”.

Por estos motivos, el Colegio tomará medidas como elevar queja al Defensor del Pueblo para que promueva Recurso de Inconstitucionalidad; sumarse a los requerimientos que desde otros Colegios se está haciendo al Ministerio de Justicia para su derogación; mostrar su rechazo, “ya que la constitución solo permite el dictado de Decretos Leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad que no afecten a derechos y libertades de los ciudadanos”. También elevarán estas propuestas al Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores para su traslado al Consejo General y curse comunicación al Ministerio de Justicia, así como comunicar propuestas al resto de Colegios de Procuradores de España.

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