El gobierno socialista despejó ayer una de las incógnitas que aún se ciernen sobre el posible reingreso de parte de los afectados por el ERE aplicado en el Ayuntamiento en 2012. Finalmente serán 91 los casos que se llevarán al TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía), órgano que decidirá si es posible o no la reincorporación de estos ex trabajadores al Consistorio. Esto supone que, automáticamente, se cierra esta vía a los 23 restantes al no haber recurrido sus despidos en su momento. Sin embargo, aún quedan otras incógnitas por resolverse como es la fecha de celebración del pleno que debe ratificar los expedientes que se remitirán al Alto Tribunal Andaluz. Se baraja que la sesión pueda celebrarse mañana pero aún no se ha convocado oficialmente.

De este modo, el ejecutivo mantiene el criterio fijado por el bufete de abogados que contrató en agosto para analizar el proceso de reingreso. Así, solo se tramitarán las propuestas de aquellos que recurrieron judicialmente sus despidos y los que, aun no haciéndolo, sí lo hizo el Ayuntamiento exigiendo la nulidad del procedimiento judicial. En esta situación se encuentran 93 afectados pero el número de expedientes se reducirá a 91 puesto que dos han solicitado que se les abone la indemnización correspondiente (45 días por año trabajado) para desvincularse totalmente de la nómina municipal. El anuncio fue realizado ayer por la delegada de Recursos Humanos, Laura Álvarez, quien explicó los motivos que están alargando este proceso. En este sentido, señaló que aún no se ha podido convocar el pleno puesto que la Intervención Municipal no ha concluido los informes que deben avalar la propuesta. Eso sí, se espera que mañana pueda celebrarse una sesión plenaria que lleva anunciándose desde el pasado lunes.

Ahora bien, se han dejado de lado las prisas iniciales del ejecutivo para que los expedientes estuvieran en el TSJA antes de la jornada de hoy. Esta mañana, el Alto Tribunal tiene previsto pronunciarse sobre el primero de los recursos presentados por los afectados, concretamente el de una ex trabajadora que no recurrió su inclusión en el ERE; sin embargo, la delegada señaló ayer que este no se encuentra entre los casos que se plantearán al tribunal, de ahí que se tenga un margen mayor para culminar el trabajo técnico pues el siguiente pronunciamiento está fijado para el 3 de octubre.

Otra de las incógnitas será el posicionamiento de los grupos políticos que, poco a poco, también se va aclarando. Está claro que el PSOE votará a favor de los 91 acuerdos transaccionales -es el nombre que tiene el expediente que se remite al TSJA para su aprobación- pero resta por saber el del resto de grupos. Por su parte, Ganemos e IU también acabarán respaldando, aunque ambas formaciones advirtieron ayer que seguirán reclamando "hasta el final" que el pleno se pronuncie sobre los 116 casos. PP y Ciudadanos no se han pronunciado por el momento.

Ganemos e IU siguen sosteniendo que el gobierno local está realizando un 'juicio previo' al que hará el TSJA. En un comunicado, la agrupación de electores lo resumió con la siguiente afirmación: "Que no decida el gobierno municipal, que decida el pleno y que sea el juez, que al fin y al cabo debe homologarlos, quien tenga la última palabra". Por su parte, Izquierda Unida advirtió que la propuesta del gobierno incumple, a su juicio, varios acuerdos plenarios donde se aprobó solicitar la readmisión de todos los afectados. Incluso, ofreció una alternativa a un teórico informe técnico contrario a la propuesta de readmisión de los 116. En este sentido, el portavoz de esta formación, Raúl Ruiz-Berdejo, indicó: "Si el interventor pusiera algún reparo con efecto suspensivo al trámite, y según recoge el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, también sería el Pleno el encargado de resolver al respecto, bien plegándose a las indicaciones del interventor, bien levantando dicho reparo en caso de discrepancias con el mismo", apuntó. Por su parte Ganemos señaló: "Se ha aportado un sólido informe jurídico que contradice el informe encargado por el Ayuntamiento y que cita precisamente un acuerdo homologado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en un caso idéntico a los despedidos que el Gobierno Municipal quiere dejar fuera".

Mientras tanto, la delegada de Recursos Humanos comentó que en el acuerdo plenario se dejará abierta la posibilidad de que, "si sus abogados encuentran algún resquicio legal", puedan incorporarse sus casos a los que se llevarán al pleno municipal. No obstante, señaló que el informe presentado por un grupo de afectados, y avalado por sindicatos y por Ganemos e IU, no puede considerarse como tal sino como una "alegación" que ha sido analizada pero que se considera que no tiene el peso suficiente para un cambio de opinión.