"Mi abuelo desmontó poco a poco, con la azada, parte del monte arrendado a una familia latifundista de Jerez, convirtiendo sus tierras en agrícolas y dotándolas de productividad". Era el año 1931 cuando el abuelo de Juan José Marchán y su familia se fueron a vivir a una choza en el Cortijo Cuartillo para trabajar unas tierras con las que poder vivir.

Los principios no fueron fáciles, mucho esfuerzo y lo justo para subsistir, hasta el punto de que los primeros arrendamientos se pagaron en quintales de trigo. El abuelo de Juan José Marchán, junto a otros 15 ó 16 arrendatarios como él, iba cultivando conforme avanzaba en el desmonte del terreno, hasta llegar a las cinco aranzadas (2,6 hectáreas aproximadamente), una superficie de tierra que se ha labrado de manera ininterrumpida durante ochenta años por tres generaciones de agricultores. "Porque después de mi abuelo, se encargó mi padre y ahora soy yo el que sigo ejerciendo mi profesión de agricultor en las tierras arrendadas por la familia desde siempre".

Ese desde siempre, ochenta años en total, otorgó a los Marchán el derecho a adquirir en propiedad esas tierras trabajadas. Derecho que quedó recogido en la Ley de Arrendamiento Rústico-Histórico. Antes de saber de estos derechos, al límite para que se cumpliera el plazo otorgado por esta ley, a este agricultor se le pondrían las cosas difíciles.

Y es que Juan José Marchán no empezó a lidiar con leyes, papeleo y burocracia hasta 1997, año en el que el propietario de la finca falleció y su heredero empezó a poner chinitas en el camino a los agricultores que arrendaban las tierras de Cuartillo.

"Nos convocaron y nos dijeron que cambiaba la modalidad de pago del arrendamiento, que querían firmar con nosotros un contrato, y cuando acudimos a firmar nos tenían preparado otra cosa, una prórroga que finalizaba ese mismo año de 1997, sin que nos dijeran nada del derecho a compra que teníamos. Nos querían echar y punto. Me intentaron engañar, pero no lo consiguieron".

Ahora bien, a partir de ese momento, "no hubo manera de que nos recogiera el dinero del arrendamiento y ahí empezó un calvario del que todavía no he salido", comenta Juan José afectado.

Derechos adquiridos

Cuando Marchán acude a solicitar ayuda a los servicios jurídicos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos -COAG- de Cádiz, es cuando conoce de la existencia de la Ley de Arrendamiento Rústico-Histórico, por la cual se reconocían los derechos de los agricultores arrendatarios.

Esta Ley 1/1992, de 10 de febrero estableció que la denominación de arrendamientos rústicos históricos se empleaba, tradicionalmente, para designar aquellos arrendamientos anteriores al Código Civil y los que se concertaron con anterioridad a la publicación de la Ley de 15 de marzo de 1935. La ley prorrogó estos arrendamientos por un único y último período, que finalizaba precisamente en 1997, durante el cual el arrendatario pudo ejercitar el derecho de acceso a la propiedad y partía del principio de que en el valor de las fincas arrendadas habían contribuido, de forma notable, el arrendatario y sus ascendientes mediante su cultivo a lo largo de varias generaciones.

Con este conocimiento, Marchán decide luchar por lo que ha sido el sustento de su familia desde principios del siglo pasado y presenta la solicitud de compra de la tierra en el último momento, antes de que finalizara el plazo dado por esta ley. Pero no todo fue como estaba previsto, ya que por un defecto de forma presentado por su abogado, por solicitar la compra a través de acta notarial en vez de por demanda judicial, no pudo acceder a la compra del terreno.

"Se trata de un error del que yo no tengo ni idea, porque para eso se supone que están los profesionales. Un error que está vulnerando mis derechos y por el que estoy recurriendo, porque aunque hayan pasado tantos años, espero que se haga justicia".

Tanto es así que este agricultor, con el apoyo de COAG Cádiz, ha llevado el caso al Tribunal de Estrasburgo, quien determinará si Juan José Marchán podrá finalmente adquirir en propiedad las 2,6 hectáreas que le corresponden. "Yo sigo hasta donde haga falta, porque de aquí no me muevo", dice con rotundidad.

¿Y qué pasó con el resto de colonos que arrendaron las tierras junto al abuelo? Pues lo cuenta con rabia Marchán: "Fueron engañados y echados de sus tierras. Muchas familias se tuvieron que ir a la calle y se quedaron sin trabajo. Y todo para qué… Los propietarios nunca fueron agricultores y, desde que se pueden beneficiar de las ayudas europeas, han decidido serlo 'teóricamente', ya que no les interesa para nada su producción. De hecho, el año pasado les quitaron la ayuda al algodón por lo malo que era. Lo único que les interesa es la subvención y echarnos de aquí, vete tú a saber por qué, algún interés oculto les mueve para querer echarnos a todos y disponer de las 1.700 aranzadas que la finca tiene en total. Fíjate la que me están liando ¡y yo sólo reclamo cinco! Y las quiero no para especular, sino para seguir ejerciendo mi profesión y conservar las tierras que desmontó mi abuelo con una azada".

Juan José Marchán está haciendo todo lo que está en su mano para que su caso no se quede en una injusticia más, y para ello ha recabado apoyos de los distintos Ayuntamientos de la zona, incluido el de Jerez, y se ha dirigido al Defensor del Pueblo Andaluz. "Todos los apoyos son pocos, quiero que se me reconozcan mis derechos. No quiero dinero, sólo seguir labrando mi tierra". Le toca seguir esperando, pero paciencia le sobra.