La nueva junta de gobierno de la Comunidad de Regantes del Guadalcacín ha realizado ya un primer análisis exhaustivo del estado real en el que se encuentra la institución, así como de la obra de modernización de la Zona Regable. Y el resultado de este análisis no ha hecho más que "confirmar los peores augurios", ya que la situación es, a juicio de sus miembros, "muy grave" y "preocupante", y obliga a la actual junta de gobierno a "pedir responsabilidades ante la Justicia y a encargar una auditoría de la obra al Ministerio de Medio Ambiente".

Entre otros asuntos, la actual junta de gobierno denuncia públicamente el desvío de más dos millones de euros por parte de los anteriores gestores de la Comunidad. Es parte de lo que han encontrado Jacinto Carrasco, presidente de la Comunidad, y su junta de gobierno. Lo encontrado "es peor de lo que se creía en un principio", según afirman. Dicen que han recibido una Comunidad de Regantes "en la ruina, con una deuda millonaria que recae sobre las espaldas de los regantes, con una gestión que presenta importantes irregularidades y con una obra de modernización que poco se parece al proyecto original y que no responde al objetivo fijado".

"Paradójicamente -señalan en un comunicado- se da el caso de que muchos regantes aún no saben lo que es realmente la modernización del riego, ya que tan sólo se les ha instalado un contador y les han pinchado los hidrantes en tuberías viejas de hace 20 años, que no están acondicionadas para aguantar tanta presión, por lo que las averías son constantes, por lo que ahora hay comuneros que tienen muchos más problemas para regar que antes y, encima, están endeudados de por vida".

La nueva junta de gobierno añade en el comunicado que "para colmo del despropósito, tres años después de finalizarse las obras, el sistema de riego presenta importantes averías y desperfectos en los materiales", como por ejemplo que "nunca ha funcionado la telemetría y el telecontrol, hay problemas de corrosión que demandan una sustitución de los materiales, etcétera", lo que "anula el principal objetivo del proyecto, que era la modernización de los riegos para lograr el ahorro y la contención con respecto al uso del agua y dar así un futuro más cierto al excelente campo de regadío de la comarca jerezana".

Pues ni una cosa ni la otra, según los nuevos miembros de la junta. "Lo que hay es una deuda desorbitada que es inasumible por parte de los comuneros, agricultores ya muy castigados por la crisis del sector, que se han convertido en víctimas de la negligencia de las administraciones públicas, que tenían que haber ejercido su obligada función de control de la inversión, y más aún en un proyecto de estas características, así como de una nefasta gestión que podría llegar a incurrir en delito", señalan.

En este sentido, la actual junta de gobierno denuncia públicamente el desvío de más dos millones de euros por parte de los anteriores gestores de la Comunidad, que "utilizaron estos fondos ingresados por los comuneros para el pago del canon y las tasas a la Agencia Andaluza del Agua -en los ejercicios 2007 y 2008- para un destino muy diferente: la obra de modernización. Debido a este desvío, los comuneros deben esa cantidad a la Junta de Andalucía, a pesar de haber pagado el impuesto en tiempo y forma". Por todo lo expuesto, la Comunidad se ve "obligada a pedir responsabilidades ante la Justicia a todo aquél que haya estado implicado de alguna manera en un proceso de modernización que ha resultado ser un fraude, y que ha llevado a la ruina a unos regantes que lo único que han hecho es confiar en las administraciones y en los que tenían las riendas de la Comunidad. Todos les han fallado".