El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado que el Ayuntamiento de Jerez recuperase al empleado que tenía cedido a la entidad local autónoma de La Barca desde hacía años. La sala no ha admitido el recurso presentado por el Ayuntamiento barqueño, según informó el gobierno local en un comunicado.

La discrepancia entre ambas administraciones surgió cuando el Ayuntamiento, tras un fallo judicial, se vio obligado a regularizar la situación de varios empleados que, aun perteneciendo a la nómina municipal, estaban trabajando desde hacía años en distintos ayuntamientos pedáneos como La Barca, El Torno o San Isidro. De este modo, a principios de este año, el Consistorio jerezano decidió que estos se le asignaran funciones en el Ayuntamiento matriz, dejando así estos puestos sin cubrir.

Tras varios días sin que estos puestos fuera cubierto por el personal de estas entidades, el gobierno municipal alcanzó un acuerdo con los alcaldes de El Torno y San Isidro (ambos gobernados por el PSOE) al suscribir un acuerdo por el que las entidades pedáneas se comprometían a asumir el coste de estos trabajadores durante seis meses mientras se concreta una solución definitiva para resolver esta carencia de personal.

Sin embargo, no hubo un acuerdo con el Ayuntamiento de La Barca (dirigido por el PP) que, de hecho, recurrió la sentencia ante el TSJA e, incluso, protagonizó una serie de movilizaciones para protestar por la decisión adoptada por el Ayuntamiento de dar cumplimiento al fallo.

Ahora, según la información aportada por el ejecutivo, se ha confirmado la sentencia por parte del TSJA. El comunicado municipal señala que este tribunal “recuerda que el Ayuntamiento de Jerez es quien puede decidir sobre sus trabajadores, sin que la entidad local autónoma tenga facultad ninguna para disponer sobre ellos, ni tan siquiera para recurrir las decisiones del Ayuntamiento en materia que no le compete” a esta administración.

A juicio del gobierno municipal, este pronunciamiento judicial es “una sentencia más que avala la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Jerez para regularizar las irregularidades originadas por anteriores gobiernos municipales”.