CSIF-A denuncia que curso 2019/2020 en Andalucía "comienza con importantes carencias y asignaturas pendientes", mientras que Ustea quiere mostrar su "preocupación" ante los datos del nuevo curso, "marcado por la gestión de un nuevo gobierno que viene a profundizar en una serie de políticas lesivas para la educación pública".

Así, en un comunicado CSIF-A denuncia que el curso arranca con "falta de transparencia e información por parte de la Consejería de Educación" puesto que, por ejemplo, "la vuelta al cole comienza con un cambio normativo impuesto unilateralmente por la Administración mediante el cual aumenta el número de horas en materias de educación Primaria".

Además, el sindicato subraya que existen "carencias importantes" en lo que a inversión educativa se refiere, por lo que pide que se destine un 7% del PIB andaluz a suplir carencias como "la mala climatización de los centros, la plantilla insuficiente en todos los niveles educativos o las aulas prefabricadas", explica el presidente de Educación en CSIF-A, Francisco Hidalgo.

Para CSIF, la reducción de las ratios es fundamental para mejorar la educación pública de Andalucía. "En contra de lo que el consejero de Educación ha transmitido a la opinión pública, la bajada de ratios se ha producido en un número exiguo de centros", afirma.

Desde CSIF-A se hace hincapié en que es necesario planificar el sistema educativo para evitar la supresión de unidades en la educación pública, "ya que esto perjudica tanto al alumnado como al profesorado", hace un llamamiento para que "se haga una política educativa en positivo" e indica que el profesorado "no está reconocido como se merece en cuestiones como la carrera profesional, la equiparación retributiva o la desburocratización del trabajo de docentes".

CSIF-A asegura que ha pedido a la Consejería de Educación diálogo, negociación y consenso para abordar las principales cuestiones que afectan al sistema educativo y al profesorado.

Por su parte, Ustea critica , también a través de un comunicado, las declaraciones del consejero de Educación, Javier Imbroda, en las que se remarcan que "las instrucciones, por las que se modifica la distribución horaria de los centros de Infantil y Primaria, van encaminadas a reducir el fracaso escolar y los esfuerzos realizados por el nuevo gobierno para bajar la ratio en nuestras aulas",

De este modo, señala que "parece una burla a la comunidad educativa y, sobre todo, al profesorado interino, que debido a las instrucciones mencionadas ha perdido su puesto de trabajo, querer hacernos creer que el fracaso escolar puede atajarse asignando algunas horas más a unas especialidades a cambio de quitárselas a otras". Además, manifiesta que el consejero "parece olvidar en sus declaraciones que son las enseñanzas de religión una de las materias con aumento de carga horaria".

"Considera el señor consejero que con más horas dedicadas a religión se está luchando contra el fracaso escolar", se pregunta el sindicato Ustea, que considera que lo que estas instrucciones "han conseguido realmente es reducir las horas de libre disposición de los centros, por lo que no pueden utilizar esas horas para atender a las peculiaridades de cada centro, provocando además, que de facto no aumenten las horas de lengua y matemáticas y han agravado el problema de estabilidad de las plantillas docentes, al dejar en la estacada a un gran número de maestros con años de experiencia, principalmente en la especialidad de Primaria".

Además, Ustea critica la "desfachatez" del consejero "al querer atribuir a la voluntad política del nuevo gobierno una bajada de la ratio media de nuestras aulas al mismo tiempo que en nuestra comunidad autónoma se incumple la normativa sobre ratios de manera sistemática, encontrándonos con numerosas aulas que superan el número máximo de alumnado permitido". También tacha de "falsedad" que el consejero "se jacte en sus declaraciones de no haberse concertado con centros privados ninguna unidad para el curso que se inicia".

Entre los datos, el sindicato denuncia "más de 500 suprimidos y desplazados en el cuerpo de maestros y en torno a 250 en Secundaria; pérdida de 600 vacantes en la Educación Primaria, siendo esta especialidad la más perjudicada por las instrucciones ya comentadas; supresión de más de 400 unidades en los centros de Educación Infantil y Primaria, lo que aproxima la cifra a las dos mil unidades suprimidas en los últimos años, al mismo tiempo que se mantiene en el acuerdo de gobierno extender los conciertos educativos a las enseñanzas postobligatorias".

Igualmente, alerta de que "hasta en 16 especialidades del cuerpo de maestros se ha necesitado más tiempo de servicio que en el curso anterior para obtener una vacante, lo que profundiza en la inestabilidad del personal interino, que viene sufriendo ya por demasiado tiempo abusos en la temporalidad; ausencia de un plan de estabilidad para el profesorado interino; incumplimiento de normativa de ratios en infinidad de aulas, excediendo los máximos permitidos; y aumento de la carga lectiva para las enseñanzas de religión".

Desde Ustea insisten en "que, ante estos datos principales de inicio de curso, que se suman a un sinfín de situaciones insostenibles que nos dejamos en el tintero, la comunidad educativa debe tomar partido para defender nuestra educación pública", por lo que en este nuevo curso "se hace imprescindible iniciar un ciclo de movilizaciones que le pare los pies al Gobierno andaluz y que luche por una educación pública de calidad y por las condiciones laborales de sus trabajadores".

La Confederación General del Trabajo (CGT), por su parte, señala en una nota de prensa que según un estudio elaborado por CGT basado en los datos que ofrece el Ministerio de Educación, "la educación pública en Andalucía se está viendo sometida desde hace una década a un proceso de desmantelamiento y privatización", toda vez que manifiesta que el descenso demográfico de la población "no explica por sí solo el cierre de unidades en centros públicos en los últimos años, ya que en el mismo período el número de unidades en centros privados concertados prácticamente se ha mantenido estable, e incluso se ha incrementado en algunos niveles educativos".

Según el avance de datos que elabora la CGT, "entre 2011 y 2018 se han perdido en Andalucía 1.450 unidades públicas de Educación Infantil de Segundo Ciclo (3 a 6 años). En el mismo período, por el contrario, el número de unidades de este nivel en centros privados concertados ha aumentado, pasando de 2.042 a 2.078". Además, indica que "si nos centramos en los niveles inferiores de Infantil y Primaria, el saldo es demoledor para la continuidad de la educación pública: 654 unidades perdidas frente a 923 unidades que gana la concertada", y subraya que "destaca especialmente el nivel de Educación Infantil de Primer Ciclo (0 a 3 años) en el que la Educación Privada Concertada es mayoritaria en nuestra comunidad".

Por otra parte, CGT afirma que "el descenso de unidades escolares públicas está ocasionando una fuerte pérdida de empleo docente, que se ceba en el numeroso colectivo de personal interino". Así, "tras años de servicio demostrando sobradamente capacidad y mérito para ejercer la labor docente, muchas personas se están viendo abocadas al paro ante el mencionado cierre de unidades en centros públicos, mientras se incrementa el número de docentes en centros privados concertados cuyas nóminas se pagan con dinero público sin que hayan superado ningún proceso de selección que acredite su capacidad y mérito", concluye.