Jerez

Los sindicatos estudian medidas legales

  • Rechazan el pago no lineal de los salarios, mientras la alcaldesa insiste en que se hace según marca la ley

Tras las críticas de los sindicatos, la alcaldesa, María José García-Pelayo, fue ayer rotunda al afirmar que la forma de pagar la nómina "viene impuesta por la Intervención municipal" conforme a lo que estipula la ley. "Nos podrá gustar más o menos pero el informe del interventor municipal es el procedimiento que marca la ley. Yo no le voy a pedir a ningún técnico que haga un informe que vulnere la ley". No obstante, aclaró que "lo que sí les he planteado a los sindicatos es que busquen la fórmula legal para cambiar este procedimiento, elaboren un informe y se lo presenten al interventor para que él lo apruebe, ya que estamos ante una decisión legal y no política".

Así, el comité de empresa y la junta de personal informó ayer a la plantilla de que, respecto a los pagos de nómina, la alcaldesa "sigue insistiendo en que tiene que cumplir el informe de Intervención y cerrar diciembre para empezar a pagar la de enero". A juicio de los sindicatos, "esto significa que al parecer la semana que viene harán los ingresos a las personas que aún se le adeuda parte de la nómina de diciembre, que como todos sabéis la mayoría de las personas a las que más se le adeuda son las que cobran sueldos 'importantes', con lo que posiblemente se le ingrese a determinadas personas, no a todas, pues 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 o 6000 euros, incluso más en una sola vez, mientras a los que menos cobran nada". Mientras tanto, "en marzo la única previsión que existe para la plantilla por el mes de enero que nos adeudan será de unos 200 o 300 euros a final de mes, ingresos que también volverán a recibir los de los grandes sueldos". Por estos motivos y "ante esta forma de pago todas las secciones sindicales hemos manifestado nuestra indignación, por injusta y por considerar que ha sido una decisión política de la alcaldesa que se esconde detrás de un poco aclaratorio informe de Intervención". Así las cosas, "las asesorías jurídicas de las secciones sindicales estudian el tema para rebatir el criterio adoptado y si es necesario pedir responsabilidades".

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