Comités de empresa y delegados de personal de Nueva Rumasa en Jerez, junto a los sindicatos CCOO, UGT y CGT, acordaron ayer negarse a negociar el expediente de regulación de empleo (ERE) para la extinción de los contratos del 54% de la plantilla de las bodegas -89 trabajadores- hasta conocer el pronunciamiento oficial de los administradores concursales y la jueza de lo Mercantil de Cádiz sobre los planes de Back in Business, propietaria del grupo antes en poder de la familia Ruiz-Mateos.

Antes de sentarse a negociar, los responsables sindicales quieren despejar las "muchas dudas jurídicas" que generan las medidas anunciadas por Back in Business, en las que tampoco ven ninguna garantía de futuro, de ahí la solicitud de reunión urgente cursada a los administradores concursales y la titular del juzgado que instruye la suspensión de pagos en las bodegas para conocer su opinión.

Oficiosamente, los sindicatos han tenido conocimiento de que no todos los administradores están de acuerdo con la propuesta de ERE presentada, a la que incluso habrían presentado algunas alegaciones, a las que los propietarios de Nueva Rumasa aluden como flecos, aún no resueltos.

Los servicios jurídicos de los sindicatos advierten en un informe de la ilegalidad de negociar un ERE unitario en empresas para las que se declararon concursos por separado, así como compaginar este expediente de regulación de empleo con el de carácter temporal (ERTE) actualmente en vigor en Complejo Bellavista y que tiene vigencia hasta octubre.

"Los administradores y la jueza tienen la última palabra", señaló ayer al término de la reunión Francisca Romero, secretaria provincial de la Federación Agroalimentaria de UGT, quien recordó que los planes de Back in Business no ofrecen garantías sobre el uso de las marcas -propiedad de los Ruiz-Mateos- , ni sobre la continuidad del negocio. En este sentido, su homólogo en CCOO, Luis Páez, se preguntó dónde está la viabilidad de un grupo en el que todos los activos están en venta.