El cierre de Guadalcacín es inevitable, pero tendrá que hacerse conforme a ley. Ebro desaprovechó ayer la primera oportunidad para lanzar el proceso legal del cierre de la azucarera de Guadalcacín, o al menos así lo entienden los sindicatos, que decidieron levantarse de la reunión convocada en Madrid por la empresa para presentarles una propuesta de expediente, que el comité intercentros consideró insuficiente.

El inicio del proceso del primero de los tres ceses de actividad en fábricas anunciado por la empresa en el marco del plan de reestructuración industrial al que obliga la reforma de la OCM del sector y que, según desveló la compañía a finales de noviembre, pretendía zanjar de forma inmediata, deberá esperar hasta nuevo aviso, siempre según la interpretación del comité intercentros, que remitirá hoy un escrito a la compañía para reclamar la documentación que, a su juicio, debe acompañar a todo expediente de cierre. Los sindicatos también informarán de su postura a las Administraciones públicas para que no den curso al inicio del proceso en caso de que la empresa lo solicite.

El presidente del comité de empresa de Guadalcacín y miembro del comité intercentros, Carlos Martos, explicó al término de la reunión que la empresa se limitó ayer a presentar el plan de reestructuración que ya hizo público a finales de noviembre, y por el que se confirmaba el cierre de tres plantas, pero sin facilitar más detalles sobre la forma, plazos y destino de los trabajadores afectados.

Aunque la plantilla de Guadalcacín tiene apalabrado con Ebro que no habrá despidos traumáticos y que se recolocará a todos los fijos en edad de mantenerse en activo entre los centros de producción de El Portal (azucarera y refinería), Jédula (biodiésel) y Puerto Real (depósitos para la importación de azúcar de caña), Martos puntualizó que "un expediente de cierre tiene que ir acompañado de otra documentación, tiene que poner nombre y apellidos a los traslados, prejubilaciones e indemnizaciones, pero la empresa no ha presentado nada nuevo y nos hemos levantado porque entedemos que es insuficiente".

El desencuentro de ayer, prosiguió Martos, "no tiene porqué alterar el proceso" salvo en los plazos previstos -tras la presentación del expediente se abre un plazo de un mes para la presentación de alegaciones-, pues "ahora entramos en fechas muy malas y, si la empresa no presenta la documentación en las próximas horas, habrá que esperar a después de Navidad".

En cualquier caso, el presidente del comité de Guadalcacín apostilló que "estamos condenados a entendernos".