El juicio del caso 'Huertos de Ocio' alcanzó ayer el final de su segunda semana de vistas. Ex concejales y técnicos de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) acudieron a declarar para, de un lado, hacer saber al tribunal de qué forma se trabajaba y funcionaba el consejo de gestión de la GMU y, de otro, conocer cómo hicieron los técnicos municipales las valoraciones de los terrenos donde se ubicaban los huertos así como el edificio de las oficinas de Palomino & Vergara.

En lo que se refiere a los ex concejales, en esta ocasión pasaron por el estrado Teresa Vega, Regla Álvarez y Bernardo Villar. Vega señaló a preguntas de la acusación particular que formó parte del consejo por su condición de política y concejal, que el trabajo que había en 2003 era tal "que incluso se convocaban dos consejos al mes", así como que, como se ha repetido en multitud de ocasiones, la confianza en el trabajo de los técnicos y del secretario de la GMU "era total". "Teníamos que depositar nuestra confianza en los técnicos", declaró Teresa Vega, quien alabó "la transparencia" de los consejos así como que "cualquier duda que pudiera surgir se solucionaba".

Regla Álvarez protagonizó la declaración más corta de la jornada. Básicamente vino a decir que ella trabajaba a nivel de barrios y que solía ir a los consejos cuando algún compañero suyo no podía ir. Ni siquiera recordaba a quién suplía. Poco más aportó.

Por su parte, Bernardo Villar declaró al igual que Vega que los expedientes llegaban con informes favorables y se aprobaban, así como que había confianza en los técnicos, se solucionaban las dudas que pudieran surgir y que no se celebraban reuniones previas para decidir el sentido del voto. Como otros testigos, señaló que el caso de los huertos de ocio no fue un asunto que le llamara la atención.

En lo que a técnicos se refiere, cabe destacar que la sesión la abrió Alfonso M. Fernández, director del área de Gestión y Patrimonio en 2003. Dijo que no era decisión del servicio que dirigía decidir qué finca se compraba, que esa decisión era de los políticos. Fue uno de los pocos testigos que sí dijo recordar la permuta por la que el Ayuntamiento y Xera se intercambiaban el terreno de los huertos por las referidas oficinas y señaló que las tasaciones que se realizaron se repartieron entre el personal dependiendo de la carga de trabajo. Dejó especialmente claro que jamás recibió presiones que le forzaran "a no incluir las valoraciones en los expedientes" y añadió que "el mundo de las tasaciones es muy complejo". Igualmente, confirmó el interés municipal por trasladar la GMU a Palomino & Vergara "para liberar la zona del Arenal y dedicarla a zona comercial". También destacó la labor de coordinación que llevaba a cabo Luis Cruz en la GMU así como que los informes que realizaban se entregaban a los servicios jurídicos y al secretario, Vicente Bitaubé.

Las defensas van trenzando su labor poco a poco e intentan no dejar cabo sin atar. Fue por esto mismo por lo que Manuel Hortas, abogado de Pacheco, preguntó si el Ayuntamiento habría tenido que afrontar gastos en caso de ser propietario de los terrenos y tener que entrar, escrituras en mano, en una junta de compensación. La respuesta fue afirmativa. Para terminar, Fernández recordó que en aquella época el Ayuntamiento se hacía con numerosos edificios, "como es el caso de las casas palacio que ahora son viviendas".

Dos subordinados del director de Gestión y Patrimonio también declararon. Fueron los casos de Vicente Prieto y José María Piñero. Prieto fue el encargado de valorar el edificio de la calle Jesús de la Flagelación número 1, es decir, las antiguas oficinas de la bodega. Su jefe le dio la orden y él la ejecutó. Lo que se encontró fue un edificio de 1.800 metros cuadrados construidos que llevaba ya por entonces mucho tiempo cerrado. "No estaba para entrar en él", dijo, pues necesitaba de obras. "No estaba para caerse", respondió a preguntas del abogado Jesús Salido, si bien se veía que fue un edificio en el que la bodega "se dejó muchísimo dinero pues tenía primeras calidades". La puerta del edificio se la abrió el propietario de Xera, José Antonio Monreal. Sobre el hecho de que dicho informe no llevara un número identificativo (un aspecto en el que las acusaciones hacen bastante hincapié) fue porque cuando hizo la valoración "no sabía si había un expediente abierto, por eso no lleva número".

Por su parte, José María Piñero valoró los terrenos de los huertos de ocio también por orden de su superior. Para ello, según dijo, calculó la media de las transacciones que se habían realizado en el sector urbanístico número 30 (donde estaban los huertos). Le pidieron que tan sólo valorara el suelo, no así los árboles y casetas que había en las parcelas. También señaló que no recibió presiones de ningún tipo, así como que el valor que dio finalmente a los terrenos fue de unos 610.000 euros para los 26.600 metros cuadrados que medían las parcelas. El precio fue de unos 23 euros el metro cuadrado aproximadamente.