Jerez

Los trabajadores de la Agencia del Agua no descartan una huelga

  • Reiteran la "incertidumbre" que les crea la fusión de este organismo con Egmasa, piensan que se vulnerarán sus principios y ven de fondo una posible privatización

Los trabajadores de la Agencia Andaluza del Agua culminaron ayer el encierro que les llevó a dormir la noche del jueves en tiendas de campaña en la sede de Montealto para criticar los cambios que está llevando a cabo la Consejería de Medio Ambiente y que, fundamentalmente, se traducen en una agencia, de nombre Apemeya, fusión de la Agencia Andaluza con Egmasa, y que está produciendo incertidumbre en los trabajadores en lo que respecta a cómo se van a sentir adscritos a esta nueva agencia.

Así y todo, esta movilización puede quedar en poca cosa en comparación con lo que puede venir a partir de ahora, ya que desde el comité provincial de empresa, su presidente, Luciano Castaño, avisa que, a partir de la semana que viene, tras una reunión que está previsto se desarrolle en Sevilla el próximo miércoles día 13 entre los secretarios provinciales del sector autonómico, se establecerá un calendario de movilizaciones en el que "no se descarta" una huelga en el sector.

En una rueda de prensa celebrada ayer, Castaño volvió a criticar que, con el real decreto de reordenación del sector público "lo han hecho todo de manera prematura y sin pensar en las consecuencias a los trabajadores afectados de las distintas consejerías", y opina que con esta nueva agencia "se van a vulnerar muchos principios, entre ellos, los que han adquirido los trabajadores que están adscritos en esta consejería a través de los años como empleados públicos y con esta nueva integración, con esta nueva agencia, sería un punto vulnerable, porque se quedarían desprotegidos como empleado público de la Junta", indicando que "esto, con el tiempo, llevaría a la privatización".

Sobre este tema también han querido opinar los partidos de la oposición.

Por un lado, Antonio Saldaña, secretario general de los populares en Jerez, afirma que "esto no es más que la punta del iceberg de algo más gordo" y señala que el decreto ley de reordenación del sector público "no es más que una operación de intentar blindar las estructuras paralelas que ha ido creando el partido socialista después de 30 años de régimen (...) y blindar a personas que no han entrado en la función pública por criterios de igualdad, de oportunidad y de capacidad, sino que han entrado por criterios, en muchos casos, de oportunidad política, de intereses o, si me apuran, de nepotismo". También criticó que "se están utilizando unos fondos públicos y es una operación que no podemos permitir que no esté encaminada al servicio de los ciudadanos" y, por último, destacó que "hay que luchar y perseguir que el servicio público sea eso, un servicio público sin preguntarle a nadie nada, sin que nadie se vea sometido a tener que organizar su trabajo en función a las indicaciones políticas de nadie".

Por su parte, el diputado de Izquierda Unida por Cádiz, Ignacio García, "recuerda" a la Junta que "tiene dos sentencias que anulan las encomiendas de gestión", donde los tribunales "se han pronunciado reiteradamente en contra de que funciones propias de funcionarios se trasladen a otro tipo de personal, aunque sea una entidad pública".

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