El frente vecinal que logró tumbar el 'catastrazo' en los tribunales recomienda al nuevo gobierno local del PP que se olvide de pelear por una nueva ponencia de valores y la consiguiente revisión catastral en el plazo mínimo de cinco años que estipula la ley, medida que, a juicio del portavoz del colectivo, Javier Cantos, puede jugar en contra de los intereses de los contribuyentes.

Los vecinos de la zona norte, que cuentan con el aval de decenas de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el 'catastrazo', aseguran que dentro de las opciones que le quedan al Ayuntamiento para amortiguar el impacto de la revisión catastral en vigor desde el año 2008, y una vez agotado el trienio de aplicación de bonificaciones, el nuevo gobierno local debería pelear por la extensión de las sentencias al conjunto de la ciudadanía, su aplicación con carácter general a todos los propietarios de inmuebles jerezanos.

Una nueva revisión catastral no garantiza que se corrijan a la baja los valores de los inmuebles jerezanos, pero puede dar pie a que el Catastro aproveche la coyuntura para enmendar los errores que se cometieron en la anterior ponencia, explica Cantos, quien subraya que las sentencias del TSJA a favor de los contribuyentes que acudieron a la vía judicial ante la negativa del anterior gobierno socialista a cuestionar la actuación del organismo estatal pese a la alarma social desatada ofrecen al Ayuntamiento jerezano una oportunidad única para reclamar la aplicación de los beneficios del fallo judicial al conjunto de la ciudadanía.

Las sentencias, ya notificadas a la mitad de los cientos de vecinos que recurrieron al TSJA, ponen de manifiesto que se cometieron "errores de bulto" con el visto bueno del subgerente del Catastro, José Luis Sobrón, a quien el portavoz vecinal señala como el principal responsable de la aplicación incorrecta de las primeras sentencias emitidas por el alto tribunal andaluz al no aplicarse la corrección al módulo de valor del suelo.

La resistencia del organismo estatal a ajustarse al tenor de las sentencias motivó la presentación de diversos incidentes de ejecución por parte de los contribuyentes, a los que el TSJA volvió a dar la razón, al tiempo que argumentó que "no es de recibo que la Administración con apoyo de una circular interna interprete a su antojo y modifique coeficientes de la ponencia (...) para obtener así un valor similar al anulado".

La mala interpretación de las sentencias provocaba una desviación del 90% en el valor del suelo, cuya repercusión en el valor catastral final puede oscilar entre el 30% en una construcción en bloque y el 85% en un chalet. Por contra, el responsable vecinal subraya que las sentencias emitidas por el alto tribunal andaluz son "tan justas y realistas" que la base catastral que se obtiene de su correcta aplicación "se corresponden con el 50% del valor de mercado de los inmuebles, justamente lo que estipula la ley".