Los viticultores del Marco de Jerez asisten con preocupación al debate sobre la liberalización de la plantación del viñedo iniciado por Bruselas y que puede acabar de un plumazo con los derechos adquiridos por este colectivo, en muchos casos heredados tras décadas de dedicación exclusiva de distintas generaciones de la familia, en otros, comprados a precio de oro en los tiempos en los que la viña tenía amplios márgenes de rentabilidad.

Unos y otros temen que las presiones de los grandes comercializadores del mundo del vino, interesados en garantizarse el abastecimiento de materia prima al menor precio posible, terminen por inclinar la balanza de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) a favor de la liberalización de unos derechos que, en muchas denominaciones de origen como la del jerez, están sujetos a la disciplina del Consejo Regulador, encargado de autorizar nuevas plantaciones en función de las necesidades de producción.

Pero la liberalización de la plantación de viñedo favorece la especulación, entendida como la posibilidad de que aquellos viticultores que se beneficiaron del programa comunitario de arranque voluntario del trienio 2008-2010 se reincorporen libremente a la actividad a la que renunciaron a cambio de las pingües ayudas que se embolsaron y sin necesidad de devolverlas. En otras palabras, es como comprar un billete de Lotería premiado el día después del sorteo.

Según fuentes del sector, el arranque voluntario no establece ningún límite temporal para el regreso a la actividad, acotada hasta ahora por los derechos y su gestión por parte del Consejo Regulador. Pero al margen del agravio que supondría la vuelta masiva de los viticultores que abandonaron para los que o no pudieron acogerse a las ayudas del arranque o bien decidieron apostar por la viña pese a la crisis del sector, los que se oponen a la liberalización del viñedo se muestran especialmente críticos con la paradoja entre el arranque y la liberalización, pues en caso de que está última se aprobarse finalmente, la UE tiraría por tierra el pretendido equilibrio entre la oferta y la demanda perseguido con la primera.

"Es como tirarse piedras sobre su propio tejado", señalan fuentes del sector productor, que se oponen rotundamente a la liberalización y más aún después de muchos años de problemas de excedentes y de precios ruinosos de la uva en el Marco de Jerez y que ahora empezaban a solucionarse tras el arranque en los últimos años de unas dos mil hectáreas de viñedo, que representan el 25% del total de la zona.

La UE se debate entre prorrogar hasta 2018 la limitación en la plantación del viñedo o liberalizarla a partir de 2015, ya sea parcialmente o en su totalidad, pero mantiene en el aire los detalles del proceso, entre ellos el de la posibilidad de traspasar a las organizaciones de productores la gestión de las autorizaciones, sin aclarar si entre los productores entrarían las cooperativas.

La sectorial de viñas de Asaja, representada en Jerez por los viñistas independientes de Asevi, es rotunda en su rechazo a esta medida, por lo que pide al Ministerio de Agricultura firmeza en su posición actual de oposición al cambio del mecanismo de regulación de los derechos de plantación.

Precisamente, la reforma del actual sistema fue el eje central de la reunión mantenida días atrás entre el Ministerio y responsables del sector vitícola de Asaja, quienes manifestaron su rechazo frontal a unos planes que dejarían al viticultor en clara desventaja y "en manos de intereses que incluso pueden ser enfrentados".

Asaja alerta en una nota informativa de la pérdida del control sobre "sus derechos", "patrimonio de los viticultores y de la agricultura europea", al tiempo que manifiesta su preocupación por el "desmantelamiento" de un sistema que "ha permitido conformar un modelo productivo en el mundo y que correría serio peligro si desaparecieran los derechos de plantación".

"Su eliminación tendría consecuencias dramáticas para el equilibrio entre la oferta y la demanda y para los precios de la uva y el vino ", asegura la organización agraria, que advierte del "serio peligro" que supondría, por tanto, "para la viabilidad de del viñedo" y, por extensión, "para el empleo y la fijación de la población rural".