La cooperativa Virgen de la Caridad de Sanlúcar se ha propuesto recuperar las bodegas Teresa Rivero, la antigua Caydsa que Nueva Rumasa adquirió a los viticultores sanluqueños en el año 2009 por importe de 12 millones de euros y que ha llevado a la ruina a los más de 700 socios de la cooperativa por los impagos del grupo propiedad de la familia Ruiz-Mateos.

El abogado de la cooperativa tiene previsto reunirse mañana con los administradores concursales de la firma bodeguera -acogida como el resto de las bodegas de Nueva Rumasa en el Marco a la antigua suspensión de pagos- para conocer de primera mano la situación de la sociedad y estudiar la posibilidad de solicitar la nulidad del contrato de compra-venta por los reiterados incumplimientos de los compromisos de pago adquiridos por los Ruiz-Mateos.

Pese a que la declaración del concurso limita las posibilidades de actuación de los acreedores, el presidente de la junta rectora de la cooperativa sanluqueña, Juan Juez Sarmiento, asegura que puede haber algún resquicio legal que les permita recuperar la bodega, por cuya venta únicamente han cobrado hasta la fecha 600.000 euros.

Según la información facilitada por el presidente de la cooperativa Virgen de la Caridad, el contrato de compra-venta, operación que contó con fuerte oposición de un grupo de viticultores, estipulaba el pago de los 12 millones de euros en un periodo de diez años y con uno de carencia.

Nueva Rumasa debía abonar 60.000 euros mensuales, de los que una parte correspondían a la adquisición de la bodega y otra a la cosecha, toda vez que la familia Ruiz-Mateos también se comprometió a comprar 10.000 botas de mosto de la producción anual de la cooperativa durante 25 años.

Al vencimiento de los pagarés de la venta de la bodega, que se dejaron de pagar en octubre-noviembre y cuya deuda supera los 11 millones, se unen cerca de dos millones más por los impagos de parte de la cosecha de 2007 y de la de 2009 íntegra -Nueva Rumasa únicamente liquidó la de 2008-.

La declaración del concurso de acreedores tiró por tierra los acuerdos alcanzados entre la cooperativa y la familia para la compensación de parte de la deuda con las existencias de vino, unas 3.600 botas que, a lo sumo, podrían alcanzar un precio en el mercado -de la destilación- de en torno al medio millón de euros.

La junta rectora de la cooperativa abordará en una próxima reunión la posibilidad de retomar antes de la vendimia las movilizaciones. La intención es que las medidas de presión tengan mayor contundencia que las protagonizadas por el colectivo de viticultores a mediados de marzo porque la situación es "insostenible".

Juez estima que el 80% de los socios de la cooperativa carece de dinero para afrontar los costes de la próxima vendimia, para la que este año hay buenas expectativas porque se prevé una cosecha corta tras los abandonos y los arranques registrados en el Marco, pero "antes de las elecciones nos prometieron de todo -señala el presidente de la junta rectora en alusión a las promesas de mediación realizadas por distintos responsables públicos, entre ellos el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y el delegado del Gobierno en Andalucía, el sanluqueño, Luis García Garrido-, pero ahora nos hemos quedado solos".