La lucha judicial contra la corrupción

Andalucía desciende al segundo lugar en los delitos de corrupción

  • Los jueces han concluido cuatro procedimientos en los que han abierto juicio oral o han procesado a 22 personas

Un momento del juicio de los ERE

Un momento del juicio de los ERE

Andalucía desciende al segundo puesto en el ránking de la corrupción en España, al menos durante el primer trimestre de este año. Esto es lo que se desprende del repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción entre los meses de enero y marzo. En este periodo, los jueces españoles concluyeron un total de 17 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 85 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo.

De esos 17 procedimientos, seis fueron concluidos en Valencia, con 40 acusados, mientras que en Andalucía, que ocupa ese segundo puesto, concluyeron cuatro procedimientos que han acabado con 22 procesados, según ha informado este lunes el Consejo General del Poder Judicial, que cita los datos extraídos del repositorio sobre procedimientos por corrupción del máximo órgano de gobierno de los jueces,

En el año 2017, Andalucía se situó a la cabeza de los delitos de corrupción, al concentrar 22 de los 97 procedimientos concluidos por estos delitos (22,6% del total), en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra un total de 144 personas (411 a nivel nacional), que fueron o serán llevadas a juicio por estas infracciones.

Según los datos facilitados por el CGPJ, los juzgados y tribunales han dictado durante el primer trimestre de este año 20 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 15 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 75%.

En Andalucía se han dictado tres sentencias condenatorias por estos delitos, una de ellas de conformidad por el acusado.

El repositorio es de acceso público en la web del CGPJ y permite conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-, que se actualizan trimestralmente.

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política. 

 Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).

Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.

En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario –como penados o en situación de prisión preventiva- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados. A 1 de abril de este año había en el conjunto de España 73 penados –en 43 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 16 con el de cohecho- y once preventivos.

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