JUICIO DE LOS ERE

El ex interventor intenta replicar a dos testigos sobre su “ficción” de la doble fiscalización

  • "La doble fiscalización es inviable jurídica, presupuestaria y fácticamente"

  • Hacienda "no tenía preeminencia sobre otras consejerías"

El ex interventor Manuel Gómez y la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo. El ex interventor Manuel Gómez y la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo.

El ex interventor Manuel Gómez y la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo. / José Manuel Vidal / EFE

Manuel Gómez Martínez, ex interventor general de la Junta juzgado en la rama política de los ERE, protagonizó  este miércoles un incidente al intentar tomar la palabra fuera del “momento procesal oportuno” para replicar a dos testigos que habían denunciado que las  ayudas investigadas, que no fueron sometidas a ningún control, deberían haber pasado una “doble fiscalización”.

Esa doble fiscalización (de la concesión de la ayuda y de la transferencia de financiación para pagarla) fue defendida por José Luis Martín Moreno, letrado mayor desde hace 24 años del Consejo Consultivo de Andalucía, y por Juan Antonio Cortecedo, secretario general de Economía en la consejería de Hacienda durante ocho años.

Ante el interés que el concepto estaba despertando en el tribunal, a la vista de las reiteradas preguntas que hacía su presidente a los expertos, Gómez Martínez se puso en pie y pidió tomar la palabra.

El presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, le respondió que no era el momento procesal, dado que Gómez Martínez ya había declarado cuando lo hicieron los restantes 21 acusados, y que podría volver a hablar en su turno para la última palabra.

El ex interventor explicó luego a los periodistas que sólo había pretendido “dar mi opinión en el sentido de que la doble fiscalización es inviable jurídica, presupuestaria y fácticamente”. “Pidiendo perdón por la inmodestia, quise aportar mi cualificada opinión técnica porque entendía que era útil para el buen fin del proceso”. Esa tesis de la doble fiscalización “es una ficción”, a juicio de Gómez Martínez.

Martín Moreno, que declaró durante dos sesiones, mantuvo que “el hecho de usar las transferencias de financiación para materializar las ayudas no puede permitir que se soslaye la fiscalización previa” del proceso de concesión de la ayuda. Esa primera fiscalización también era obligada “y no se ve afectada por la que corresponda a las transferencias de financiación”, declaró al tribunal.

Tampoco puede entenderse que “la fiscalización de la transferencia de financiación englobe o subsuma” el control necesario en el proceso de concesión.

El presidente del tribunal le preguntó sobre el conocimiento que podían tener los parlamentarios andaluces sobre la finalidad real de las ayudas que estaban aprobando. Al contrario que otros testigos que aseguraron que ese conocimiento era total e incluso los diputados ampliaron las ayudas,  Martín Moreno solo dijo que su ignorancia “era potencialmente vencible si estaban convenientemente asesorados”.

Una vez abierto el proceso penal por los ERE, el Consejo Consultivo invalidó 343 ayudas por “nulidad de pleno derecho” al haber prescindido de trámites esenciales. Martín Moreno precisó que esa anulación se produjo en algunos casos por “vicios de nulidad desde el punto de vista administrativo aunque el dinero fuese destinado realmente a la finalidad prevista”.

El defensor del ex director general de Trabajo Juan Márquez le llamó la atención sobre el hecho de que algunas de las subvenciones anuladas fueron aprobadas por el ex director general Daniel Alberto Rivera, no juzgado en esta causa, a lo que Martín Moreno respondió que el grado de incumplimiento bajo los tres directores generales investigados fue distinto y mucho mayor bajo el primero (Javier Guerrero).

La sesión se completó con Adolfo García Fernández, interventor general de la Junta entre 2012 y 2016 y coordinador de la viceconsejería de Economía (2004-2008).

En razón de este puesto afirmó que Hacienda “en absoluto tenía preeminencia sobre otras consejerías” a la hora de fijar sus prioridades de gasto. Tampoco tenía “competencia ni capacidad” para ordenar a la consejería de Empleo que no utilizara las transferencias de financiación con las que pagaba las ayudas.

Sobre el debate del día en torno a la doble doble fiscalización, García Fernández manifestó, a preguntas del fiscal Anticorrupción, que “no puede dar una opinión fundada”. 

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