Luis Hinojosa, interventor adjunto de la Junta de Andalucía, dijo este miércoles en el juicio de los ERE que los ex consejeros de Empleo -los acusados José Antonio Viera y Antonio Fernández- pudieron “revertir” las irregularidades que se estaban produciendo y el titular de Innovación -Francisco Vallejo- pudo suspender los pagos.

Hinojosa, que es interventor adjunto desde 2000, afirmó al tribunal que  en el caso de los ERE había “una situación absolutamente irregular” como fue el uso de las transferencias de financiación a las agencias IFA/IDEA “para pagar unas ayudas de la consejería de Empleo”.

El abogado de Manuel Gómez Martínez, ex interventor general de la Junta, preguntó al testigo si “algún órgano de la Junta tenía competencia para revertir la situación”, a lo que Hinojosa respondió que el consejero de Empleo “pudo modificar la estructura de los créditos para reconducir la situación” y “tenía competencias para proponerlo”.

“¿El consejero de Innovación pudo dar órdenes de que se suspendieran los pagos?”, preguntó a continuación el letrado. “Supongo que sí, como máximo responsable de la consejería”, respondió Hinojosa.

El testigo, por contra, afirmó que la Intervención General de la Junta no tenía ninguna competencia para suspender la concesión de las ayudas ya que “no tenemos competencia jerárquica sobre ningún órgano de la Junta”.

Ha afirmado que la Intervención “no podría haber suspendido” la concesión de las ayudas porque “no se estaban concediendo al abrigo de ningún procedimiento”. “Las ayudas de la dirección general de Trabajo transcurrían al margen de cualquier procedimiento administrativo”. “Si se actúa con absoluto desprecio a las normas de gasto público, difícilmente el interventor puede fiscalizar”, aseveró. 

Por otra parte, Hinojosa apoyó la posición de Gómez Martínez en uno de los debates de este juicio: si las ayudas investigadas deberían haber sido  objeto de una “doble fiscalización”, tal como sostuvieron los también testigos José Luis Martín Moreno, letrado mayor desde hace 24 años del Consejo Consultivo de Andalucía, y Juan Antonio Cortecedo, secretario general de Economía en la consejería de Hacienda durante ocho años.

Por el contrario, Hinojosa afirmó que “la doble fiscalización es imposible de hecho y de derecho. No lo concibo, es imposible”.

También afirmó "categóricamente" que nunca apreció ninguna actuación de Gómez Martínez para no fiscalizar las ayudas que estaba concediendo la dirección general de Trabajo. 

Declaró estar de acuerdo con la afirmación contenida en el informe de la Intervención General del Estado -que se discutirá a partir de la próxima semana en el juicio- en el sentido de que la Intervención Delegada en Empleo “nunca fiscalizó ni pudo fiscalizar” ningún expediente de concesión de subvenciones sociolaborales, ya que, simplemente, esos expedientes “no existían ni podían existir”.Según Hinojosa, un reparo de la Intervención a las transferencias de financiación no habría tenido la eficacia de suspender la concesión de ayudas por Empleo y su pago por IFA/IDEA en base a que el presupuesto de estas agencias es estimativo y no limitativo. Es decir, que pueden pagar por encima de su presupuesto. En cambio, a preguntas del presidente del tribunal, poco después matizó que el reparo no habría suspendido la concesión de las ayudas, pero sí su pago.

La jornada contó además con el testimonio de Eduardo Segura, ex jefe del servicio de Presupuestos de la Junta, según el cual “nunca tuvo noticia de que una aplicación presupuestaria fuese ilegal” ni que existiesen irregularidades en las transferencias de financiación usadas para pagar las ayudas.

El ex consejero Antonio Fernández contó este miércoles con un testimonio de apoyo: Jesús Nieto, ex director general de Industria, quien aseguró que cada dirección general de la consejería de Empleo “decidía con autonomía sus competencias y programas y era responsable de su procedimiento administrativo”.

En los consejos de dirección de la consejería -donde, entre otros, participaba el ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, principal responsable de las ayudas bajo sospecha- “no se trataba la concesión de subvenciones concretas una a una”. Además, como miembro del Consejo Rector del IFA, “jamás” oyó a nadie hacer “reproches sobre anormalidades o irregularidades” en las ayudas.