PROMOCIÓN DE 45 VIVIENDAS

Una presunta estafa inmobiliaria se juzga 13 años después

  • El fiscal pide tres años de cárcel a los promotores y dos años a un director de banco

Una sala de la Audiencia de Sevilla durante un juicio.

Una sala de la Audiencia de Sevilla durante un juicio. / Belén Vargas

Son 26 los denunciantes pero 45 el total de propietarios afectados por las irregularidades en una promoción de viviendas en El Ronquillo. La Fiscalía de Sevilla pide tres años de cárcel para  cada uno de los dos promotores y dos años de prisión para el director de una oficina bancaria de la avenida Menéndez Pelayo.

El juicio se va a celebrar en la Audiencia de Sevilla a partir de este lunes, trece años después de que los acusados Alfonso B.J. y Cristóbal L.S. adquirieran los derechos para una promoción de 45 viviendas.

Empezaron a firmar contratos con los compradores pero poco después concertaron con el banco -cuyo director Pedro G.Q. está también procesado- un nuevo crédito hipotecario “cuya cuantía hacía evidente la imposibilidad de respetar el precio pactado” ya que su cuantía total “superaba con mucho las cantidades que a los compradores les quedaba por pagar”, según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico.

El nuevo cuadro de responsabilidad hipotecaria de los compradores “en modo alguno respetaba la establecida en los contratos” ni “contaba con el consentimiento de los compradores para aumentar la carga hipotecaria de los inmuebles que en su día adquirieron”, añade.

Así, las familias que inicialmente iban a pagar 92.555 euros pasaron a tener una responsabilidad hipotecaria de 118.037 y las de 108.662 euros pasaban a pagar 120.891 euros.

La promotora convocó a los propietarios pero no consiguió su propósito pues se negaron a asumir más carga hipotecaria que la recogida en los primeros contratos.

La promoción se concluyó a costa del banco, que ejecutó la hipoteca y finalmente las 45 viviendas que integraban la promoción se subastaron en diciembre de 2012.

El juicio se celebrará durante varias jornadas a partir de este lunes en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla. El fiscal pedirá para cada promotor tres años de cárcel y para el directivo bancario dos años, en este último caso con el mismo tiempo de inhabilitación para ejercer trabajos en banca o cajas de ahorros.

La petición incluye la obligación de devolver lo que los afectados acrediten haber pagado de más en el precio de sus viviendas.

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