Los españoles son iguales ante la ley, reza el comienzo del artículo 14 de nuestra Constitución, pero al igual que en la famosa granja de Orwell, habría que incluir a continuación, pero algunos son más iguales que otros, porque nuestra realidad diaria y nuestras propias normas así nos lo ponen en evidencia.

Estoy tratando de entender el debate sobre el aforamiento de los políticos y de un largo etcétera de personalidades (Presidentes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas…), estoy tratando de comprender los argumentos en los que se escudan quienes abiertamente mantienen la necesidad de los aforamientos y de aquéllos que dicen estar contra los aforamientos pero que no hacen, y no creo que lo hagan en el futuro, nada para poner fin a una desigualdad sin justificación.

Lo que suponen los aforamientos, en términos llanos, es evitar que el juez natural, el que nos corresponde a todos los ciudadanos, investigue, juzgue y sentencie los actos de determinados españoles privilegiados que, por el contrario, son investigados, juzgados y sentenciados por magistrados que conforman tribunales a los que han accedido con la ayuda y empuje, casualmente, de aquéllos que tienen ese privilegio.

Por más que los escucho no logro entender porque para mí, y para el común de los españoles, son buenos los jueces y tribunales que nos corresponden en función de una serie de reglas generales, pero esos mismos jueces y tribunales no son buenos para ellos, que ellos deben ser investigados y juzgados por otros tribunales, ¿no se fían del juez natural? ¿son buenos los jueces ordinarios para todos menos para los privilegiados? Desde luego, de lo que no me van a convencer quienes permiten que el aforamiento se siga manteniendo, los que permiten con su acción u omisión que el principio de igualdad de todos los españoles y españolas sea una entelequia, es que el aforamiento suponga ser juzgado por un tribunal más exigente y duro, que supone una carga en lugar de un privilegio, de lo que no me van a convencer es de que todos los jueces y magistrados mantienen el mismo nivel de independencia a la hora de juzgar.

¿Pueden ser independientes y estar sometidos solamente al imperio de la ley los magistrados que administran justicia cuando tienen que juzgar a aquellos que los auparon a sus cargos? Personalmente tengo serias dudas por aquello de que es de bien nacidos ser agradecidos, dudas que me acentúa el hecho de que aquellos españoles más iguales que otros llevan más de cuatro décadas poniendo todo y más de su parte para que no se ponga fin su privilegio.

Y es una pena, porque con independencia de la quiebra que supone del principio de igualdad, con independencia de que en nuestro entorno político y cultural cercano no se den este tipo de privilegios o sean totalmente restrictivos, con independencia de que sea una práctica anacrónica y antidemocrática, si los españoles más iguales que otros pasaran por los mismos jueces y tribunales a los que acudimos el común de los mortales, si tuvieran que soportar los dilatados plazos que padecemos el resto de los españoles cuando pedimos Justicia, es posible que se dieran cuenta de la penosa situación en la que se encuentra la Administración de Justicia en España, a lo mejor serían conscientes de la escasez de medios, materiales y personales, que sufre nuestra Administración de Justicia, lo cual sería el primer paso para que pusieran soluciones.

No tiene sentido alguno, ni razón que lo sostenga, que a estas alturas del siglo XXI se sigan manteniendo privilegios post-feudales; que no nos vengan con el cuento de que para poder prestar sus servicios en forma eficaz e independiente, para un mejor servicio a los ciudadanos, el aforamiento es una garantía para evitar que un proceso pueda frenar a un político, a un magistrado o a un alto dignatario en el ejercicio de sus altas responsabilidades, porque las leyes que se nos aplican al resto de los ciudadanos prevén soluciones ante las falsas denuncias, jueces parciales y todo un largo etcétera de posibles malos usos de los recursos jurisdiccionales; nuestro sistema legal ofrece recursos suficientes para poder garantizar a los hoy aforados que sin sus privilegios también pueden realizar su trabajo.

Lamentablemente, el aforamiento no es el único privilegio de esos españoles más iguales que otros, coches oficiales, dietas y gastos de viaje que no tienen que justificar, prestaciones que reciben sin tributar en renta como pagos en especie, pensiones extraordinarias y todo un rosario de canonjías y prerrogativas a las que el único fundamento que encuentro es el célebre eslogan de L’Oreal de porque yo lo valgo, pero de esos chollos, ya hablaremos otro día.

Como dice un amigo, no se debe terminar la narración de hechos negativos sin aportar soluciones, porque si no nos volvemos derrotistas; así que, para poner fin al aforamiento, hay dos vías sencillas: la elemental, poner en práctica y respetar el principio de igualdad haciendo desaparecer el aforamiento de nuestra Constitución, de los Estatutos de Autonomía, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de cualquier otra norma que lo contemple, o la más compleja pero a buen seguro muy práctica y deseable, garantizar la independencia real del Poder Judicial poniendo fin a la descarada intervención de los políticos en la composición de los Tribunales y del Consejo General del Poder Judicial, a lo mejor así, a los aforados, les daría igual un tribunal que otro.