Juicio de los ERE

La portavoz socialista rebaja, tras siete preguntas del juez, el conocimiento parlamentario sobre los ERE

  • El presidente del tribunal preguntó siete veces dónde se "definía claramente" el proceso de las ayudas

  • El fiscal Anticorrupción se extraña de que la Comisión de Investigación denunciase la información "escasa, confusa y errónea"

Antonia Moro, testificando en el juicio Antonia Moro, testificando en el juicio

Antonia Moro, testificando en el juicio / Julio Muñoz/EFE

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Siete preguntas consecutivas del juez que preside el juicio de los ERE llevaron este lunes a la ex portavoz del PSOE en la Comisión de Hacienda del Parlamento andaluz, Antonia Moro, a corregir sus primeras declaraciones y rebajar el nivel de conocimiento que tenían los diputados andaluces sobre las ayudas investigadas.

Moro era testigo de la defensa de los 22 ex altos cargos enjuiciados y, en línea con lo declarado en sesiones anteriores por cuatro ex presidentes socialistas del parlamento, empezó afirmando al tribunal que todos los grupos parlamentarios presentaron enmiendas a las ayudas investigadas y actuaron en todo momento “con pleno conocimiento y conciencia de lo que estaban haciendo”.

Moro fue miembro de la Comisión de Hacienda del Parlamento andaluz durante tres legislaturas, en una de ellas fue portavoz del PSOE y además representó a su partido en la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre los ERE, que se cerró sin que el pleno aprobase las conclusiones elaboradas.

Una vez terminadas las preguntas de los defensores y de los abogados de la acusación, el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, tomó la palabra para preguntar a Moro en qué apartados de los informes que llegaban al parlamento “se desprende claramente” (como había afirmado la ex parlamentaria) que las ayudas las concedía la dirección general de Trabajo pero las pagaban las agencias IFA/IDEA. 

“Usted dijo que se desprendía claramente pero eso que usted dice no aparece escrito”, le explicó el magistrado, que después de formular la pregunta de siete formas distintas obtuvo de Moro la respuesta de que esa conclusión “se infiere” o “se supone” y concluyó diciendo: “ahora no recuerdo lo que dije, pero es lo que interpreto”.

Previamente, el fiscal Anticorrupción había recurrido a la práctica poco habitual de formular una nueva pregunta después de concluido su turno de interrogatorio. El fiscal, Manuel Fernández Guerra, interrogó a Moro sobre por qué si el parlamento tenía completo conocimiento sobre las ayudas el dictamen de la comisión parlamentaria de investigación afirmaba que era una información “escasa, confusa y errónea”, lo que llevó a la Cámara a “legitimarlas de manera pasiva”.

En un principio Moro respondió que el documento de síntesis de la comisión de investigación era una condensación de los informes de los distintos grupos pero luego matizó, a preguntas del defensor del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, que lo que el Parlamento desconocía era “el procedimiento concreto administrativo que estaba siguiendo la dirección general de Trabajo para conceder las ayudas”.

En su declaración, Moro aseguró que en diversos momentos de la tramitación parlamentaria de los Presupuestos de la Junta quedaba claro que las agencias IFA/IDEA “recibían el encargo de materializar las ayudas que concedía la dirección general de Trabajo a través del programa 31 L”.

Los parlamentarios de la Comisión de Hacienda recibían el proyecto de Presupuestos, podían reclamar documentación a la Oficina de Control Presupuestario, luego tenían posibilidad de debatir con el consejero del ramo y tenían acceso a todos los informes de control de la Cámara de Cuentas, con cuyo consejero mayor mantenían “un debate  sesudo, amplio y con intervenciones de todos”.

“No me queda ninguna duda de que los diputados tenían un conocimiento lo suficientemente explícito y claro“ afirmó la ex portavoz del PSOE, y añadió que “era perfectamente conocido que las ayudas las daba la dirección general de Trabajo y las pagaba IFA/IDEA. Y además, “cualquier diputado podía haber accedido a cualquier documento que considerase conveniente”.

Calificó de “un poco atrevida“ la acusación de que el gobierno de la Junta de Andalucía hubiese inducido a error a los grupos parlamentarios. “Es como decir que no tenían capacidad de discernir y de saber lo que estaban haciendo“.

Todos los grupos del parlamento andaluz, incluidos PP e IU, enmendaron la partida 31 L con la que se concedían las ayudas, según Antonia Moro. 

Otro defensor preguntó a la ex portavoz por una partida “pecaminosa” en la que cinco millones de euros habían sido cambiados de finalidad mediante una enmienda. Moro le respondió que ese cambio “era claramente la voluntad del legislador, nadie presenta una enmienda sin saber lo que está haciendo” y por eso ella presupone “la plena legalidad”,  respaldada por el letrado de la comisión.

A preguntas de otro defensor, negó que las ayudas fuesen “opacas e inaccesibles al conocimiento”. “De opacas, nada. Se convocaba a los sindicatos y empresarios a la Comisión de Hacienda y allí tenían todos los documentos para poder enterarse”.

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