La ministra y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dicho que la fecha de 2024 para implantar peajes en las autovías españolas "puede ser orientativa" pero siempre dependerá de la recuperación económica y de que se vuelva a los niveles habituales de crecimiento del PIB anteriores a la pandemia de la covid.

Montero, que ha presentado el Plan Industrial de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ha explicado que es una medida en la que se está trabajando y "estudiando" dentro de un "proyecto integral" que permita "una movilidad sostenible" y que los ciudadanos se puedan desplazar sin usar su coche, "con un transporte del siglo XXI".

La autopista Sevilla-Cádiz, que quedó liberada del peaje en enero de 2020.

Ha asegurado que se está trabajando en esa reforma "con diálogo y consenso" por parte del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, dentro de un "paquete" que permita "homologar el mantenimiento de las carreteras en España a lo que ocurre en los países vecinos".

Ha recordado que el Gobierno prevé una treintena de iniciativas estratégicas sobre movilidad sostenible, con 10.000 millones de euros de inversión y "una apuesta sin precedentes para facilitar las alternativas al vehículo particular".

Plan de Recuperación

El Gobierno de España planea implantar en 2024 un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, que puede ser ampliable al resto de vías, buscando un acuerdo social y político, según recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia que ya ha sido remitido a Bruselas.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, en el Congreso de los Diputados

El Ejecutivo sostiene que, de acuerdo con la experiencia internacional, de 2 a 3 años es el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar este sistema de pago por uso a nivel nacional.

Déficit de mantenimiento creciente

Actualmente, la red estatal supera los 26.466 km de extensión, de los que unos 12.000 son carreteras de alta capacidad, siendo la más extensa de Europa.

El Ejecutivo señala que los costes de conservación son crecientes y que no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios, lo que está generando un déficit acumulado de mantenimiento de la red, con una pérdida de su valor, así como un deterioro de la calidad del servicio y consecuencias en la seguridad vial.

Por ello, entiende que imponer un pago por uso permitiría garantizar la conservación de la red viaria, generar incentivos hacia una mayor eficiencia de este modo de transporte y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.