La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco (California), decidió ayer, pasada la medianoche hora española, rechazar la apelación del Gobierno de Donald Trump sobre el veto migratorio impuesto por el presidente, por lo que éste permanecerá bloqueado.

Según el documento judicial, al que tuvo acceso Efe, el tribunal rechazó el recurso de la Administración estadounidense para que volviera a entrar en vigor la prohibición de entrada al país durante 90 días contra refugiados -120 días o indefinidamente en el caso de los refugiados sirios-y nacionales de siete países con mayoría musulmana - Siria, Iraq, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen-, por lo que es previsible que el caso termine en manos del Tribunal Supremo.

5.000Agentes fronterizos más. La gestión de las deportaciones se refuerza con 10.000 funcionarios

La reacción de Trump no se hizo esperar y, así, el presidente advirtió que seguirá defendiendo en los tribunales su veto a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y a todos los refugiados. "Nos vemos en los tribunales, la seguridad de nuestro país está en juego", dijo Trump en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

Los tres jueces del tribunal confirmaron de manera unánime la sentencia del juez federal James Robart, quien había decidido el viernes pasado que el veto de Trump debía ser suspendido tras la demanda interpuesta por los estados de Washington y Minnesota por el "daño inmediato e irreparable" que podría causar de seguir en vigor. Asimismo, rechazaron los argumentos presentados por el Gobierno, quienes alegaron durante las audiencias de esta semana que el bloqueo del veto ponía en peligro al país y que la corte no tenía potestad para revisar el caso.

Según los jueces, el Gobierno "falló" en demostrar en su recurso de emergencia que la seguridad nacional estaba en juego por culpa del bloqueo de la prohibición.

El Departamento de Justicia, en representación de la Administración Trump, podría ahora solicitar a la Corte Suprema su intervención, o bien solicitar otra revisión de la sentencia a una corte federal con un número más amplio de jueces. No obstante, tras conocerse el fallo, una portavoz del Departamento de Justicia, Nicole Navas, dijo en un comunicado que el Gobierno "está revisando la decisión y considerando sus opciones".

La Corte Suprema, sin embargo, sigue contando con sólo ocho jueces, a falta de ocupar el cargo vacante del fallecido Antonin Scalia, y muchos creen que ideológicamente está abocada al empate, lo que en este caso mantendría la decisión de la corte de apelaciones.

Horas antes, el ex senador Jeff Sessions había jurado su cargo como fiscal general de EEUU con la promesa de combatir el "auge del crimen" en el país y la "ilegalidad" migratoria, al asegurar que actuar contra quienes llegan al país sin documentos no es "inmoral" ni "indecente".

Sessions, un senador republicano conocido por sus posturas antiinmigrantes, juró su cargo como secretario de Justicia horas después de que el Senado le confirmara para el puesto tras un largo y tenso debate que se cerró con 52 votos a favor y 47 en contra.

"Usted (Trump) ha dicho algo en lo que yo creo y que creo que el pueblo estadounidense comparte: que necesitamos un sistema legal de inmigración, que se ajuste a los intereses del pueblo de Estados Unidos", subrayó Sessions en su ceremonia de toma de posesión, en el Despacho Oval con la presencia del presidente Trump.

Una de las últimas órdenes ejecutivas rubricadas ayer por Trump da instrucciones para dirigir esfuerzos específicos "contra la inmigración ilegal" como parte de su estrategia contra el crimen dentro del país. La segunda de esas tres órdenes está destinada a crear "un grupo de trabajo para reducir el crimen violento" en EEUU, en relación con su preocupación por el auge de los crímenes violentos en el país, especialmente en ciudades como Chicago.

Junto a la polémica orden para comenzar "la construcción inmediata" del muro con México, Trump rubricó otra para tomar medidas adicionales de seguridad fronteriza. Además, aumentó en 5.000 efectivos el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y en otros 10.000 los funcionarios destinados a procesar casos de deportación.